El Gobierno informó este lunes la detección de alertas de riesgo fiscal que superan los 9.200 millones de dólares, correspondientes al periodo comprendido entre los años 2022 y 2026. Estos hallazgos son el resultado de un proceso de auditoría masiva ejecutado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), el cual abarcó la revisión de más de 500 servicios públicos distribuidos en todo el país.
Para alcanzar estas conclusiones, el proceso de fiscalización analizó un volumen masivo de información, procesando más de 913 millones de datos. Este análisis exhaustivo permitió a las autoridades detectar una serie de errores, inconsistencias y debilidades estructurales en los sistemas de control. Asimismo, el informe advierte sobre casos de mala gestión y la existencia de antecedentes que podrían derivar en irregularidades graves o hechos de relevancia penal.
Ante la gravedad de los hallazgos, la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, explicó que la revisión reveló situaciones de alta preocupación tanto en el ámbito fiscal como administrativo. Debido a esto, se ha instruido la apertura de investigaciones formales en cuatro organismos públicos específicos: la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
Dentro de las observaciones principales detalladas en el informe, destacan las rendiciones insuficientes de los recursos que fueron entregados. También se identificó la existencia de entidades receptoras de fondos públicos que no cuentan con la inscripción obligatoria en el Registro Central de Colaboradores del Estado. Otro punto crítico es la recurrencia de "compras ágiles" realizadas a un mismo proveedor durante una misma jornada, lo que sugiere anomalías en los procesos de adquisición. A esto se suman hitos contractuales que no fueron cumplidos y niveles de subejecución presupuestaria que superan el 30%.
Uno de los datos más alarmantes de la auditoría es la detección de pagos postergados que ascienden a 3.200 millones de dólares, una cifra que representa aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Este monto impacta directamente en diversos sectores y programas. Entre los afectados se encuentran cerca de 10 mil pequeñas y medianas empresas (pymes) proveedoras del Estado, con un monto de 268 millones de dólares; el sistema de gratuidad universitaria, con 400 millones de dólares; la JUNAEB, con 650 millones de dólares; y proveedores de atención de salud, quienes acumulan 1.000 millones de dólares en pagos pendientes.
El informe también puso el foco en la modalidad de contratación. Se detectaron 3.170 millones de dólares ejecutados mediante trato directo o compra ágil en escenarios donde, según el análisis técnico, existían las condiciones necesarias para haber realizado licitaciones públicas. El costo estimado de estas operaciones cuestionadas se sitúa en unos 760 millones de dólares.
En cuanto a las instituciones con mayores montos observados, la Corporación Nacional de Abastecimiento de Salud (CENABAST) encabeza la lista con 700 millones de dólares. Le siguen el Servicio de Registro Civil e Identificación con 350 millones de dólares y el Servicio de Salud Sur con 56 millones de dólares.
La revisión también identificó una concentración preocupante de compras ágiles en diversos centros hospitalarios públicos. Entre los establecimientos mencionados en el reporte figuran el Hospital Clínico Metropolitano La Florida, el Hospital de Puerto Montt, el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar y el Hospital Regional de Iquique.
Finalmente, el informe de auditoría reveló que existen alrededor de 150 millones de dólares pendientes de recuperación asociados a subsidios por licencias médicas, cerrando así el panorama de las alertas fiscales detectadas por el CAIGG en la administración pública.
