Diversos gremios del sector transporte han anunciado el inicio de un paro nacional de carácter indefinido, el cual entrará en vigor a partir de las 12:00 a. m. del próximo 2 de junio. Esta medida de fuerza surge como una respuesta directa a lo que los dirigentes califican como un presunto incumplimiento de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo durante las mesas de trabajo llevadas a cabo en el mes de abril.
La confirmación de la medida fue realizada por los principales dirigentes del sector, quienes manifestaron que, a pesar de haber alcanzado acuerdos con diversas entidades del Estado, hasta la fecha no se han emitido las disposiciones normativas prometidas. Estas medidas eran consideradas fundamentales por los gremios para enfrentar el incremento sostenido de los costos operativos y la crisis general que afecta actualmente al transporte en el país.
Martín Ojeda, vocero de la organización Transportes Unidos, fue el encargado de formalizar el anuncio. Durante su intervención, Ojeda sostuvo que el Gobierno no ha cumplido con la implementación de las medidas acordadas en las reuniones celebradas los días 14 y 15 de abril. En dichos encuentros participaron representantes de diversas carteras y organismos gubernamentales, entre los que se encuentran el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Osinergmin y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
El punto central del reclamo radica en la ausencia de los decretos de urgencia que, según los gremios, debieron emitirse para aliviar la precaria situación económica que atraviesa el sector. Al respecto, Ojeda fue enfático al señalar que no han recibido respuesta alguna por parte de las autoridades, razón por la cual ratifican la fecha del paro, ya que los decretos prometidos siguen sin ver la luz.
En la conferencia de prensa también estuvieron presentes representantes del transporte urbano, el transporte interprovincial y el sector de carga pesada, evidenciando un frente común ante el Ejecutivo. Giovanni Diez, representante del sector de carga pesada, aportó datos críticos sobre la situación financiera de su rubro. Diez señaló que aproximadamente el 90% de las 245,000 empresas de carga pesada operan utilizando diésel, combustible cuyo precio habría sufrido un incremento cercano al 70%.
Según Diez, este alza impacta directamente en la estructura de costos de los servicios, ya que el costo operativo se traduce prácticamente en el gasto de combustible. El dirigente advirtió que el sector transporte ha llegado a un límite de resistencia y ya no puede soportar más el incremento de los precios sin un apoyo gubernamental.
Además, Diez recordó que durante las conversaciones con el Poder Ejecutivo se solicitó un subsidio temporal de S/4 por galón durante dos meses consecutivos. Denunció que esta propuesta, a pesar de haber quedado registrada formalmente en las actas de las reuniones, no ha sido implementada por el Gobierno.
Por otro lado, Héctor Vargas, presidente de las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, expuso que la problemática del sector urbano trasciende el precio de los combustibles. Vargas explicó que, desde el inicio de 2024, las empresas de transporte urbano reportan una disminución sostenida en la cantidad de conductores disponibles, debido al incremento de amenazas y a los constantes hechos de violencia que afectan el ejercicio de su labor.
El dirigente detalló que el miedo ha provocado que muchos conductores abandonen el mercado, lo que ha llevado a que las empresas operen actualmente apenas entre el 30% y el 40% de su capacidad operativa total. Vargas subrayó que, durante las mesas técnicas, el Ejecutivo reconoció que el sector enfrenta una crisis estructural y se comprometió a adoptar medidas extraordinarias. Sin embargo, afirmó que hasta el momento no existe información oficial sobre los avances de dichas acciones.
Ante lo que describió como un estado de "silencio e incertidumbre total", los dirigentes tomaron la decisión de paralizar sus actividades. La medida anunciada para el 2 de junio abarcará los servicios de transporte urbano en Lima y Callao, las empresas de transporte interprovincial y las unidades de carga pesada en diversas regiones del territorio nacional. Los gremios han dejado claro que la paralización se mantendrá de forma indefinida si no existe una respuesta concreta por parte del Ejecutivo en los próximos días.
