La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ha puesto en marcha una estrategia de acercamiento exhaustiva con el objetivo de lograr acuerdos amplios en la tramitación de la denominada Ley Miscelánea. La parlamentaria ha comprometido un proceso de diálogo detallado, avanzando "comité por comité y senador por senador", buscando que la iniciativa no dependa de una mayoría mínima al momento de su votación final.
Núñez enfatizó que su misión personal es evitar que, cuando la megarreforma llegue a la Sala durante el mes de junio, su aprobación se decida por apenas "uno o dos votos" o quede supeditada a las solicitudes puntuales de un número reducido de parlamentarios. Para la presidenta del Senado, es fundamental construir un apoyo transversal, asegurando que se recoja la mirada de cada comisión y que no se dé por descontado el apoyo de ningún integrante de la cámara.
En este escenario, la senadora recordó que los tiempos y el sistema de votación en el Senado difieren de los de la Cámara de Diputadas y Diputados, ya que en la Sala se separarán los momentos de votación en general y en particular de la iniciativa.
A pesar de estos esfuerzos liderados por la presidencia del Senado, existe una tensión creciente respecto a la gestión del Ejecutivo. Fuentes consultadas por Radio Bío Bío ratificaron que el trío de ministros encargado —Alvarado, Quiroz y García—, junto a sus equipos técnicos, aún no han establecido un contacto formal con las bancadas de oposición ni con los parlamentarios no alineados con el Gobierno, a pesar de que algunos de ellos ya habían manifestado su disposición al diálogo previo a la votación en general.
Paralelamente al debate legislativo, ha surgido una fuerte controversia que involucra al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La polémica se originó tras revelaciones de El Mostrador, donde se señala que el secretario de Estado omitió en su declaración de intereses que su hermano, Víctor Quiroz, es socio de la firma Quiroz y Puelma Arquitectos. Este dato ha cobrado relevancia debido a que la Ley de Reconstrucción Nacional incorpora incentivos millonarios dirigidos a constructoras e inmobiliarias.
Desde el Frente Amplio, la senadora Beatriz Sánchez fue tajante al señalar que la megarreforma tributaria, a su juicio, favorece a los sectores más ricos y se encuentra plagada de conflictos patrimoniales por parte de diversas autoridades. Sánchez hizo un llamado urgente a que se transparente la información de manera clara en las declaraciones de intereses.
En la misma línea, el senador Iván Flores (DC) cuestionó la transparencia del equipo ministerial, mencionando que los ministros han dado "sorpresas a diario". Flores recordó el caso de la ministra Lincolao y sus holdings de empresas no declarados, para luego centrarse en el ministro de Hacienda. Según el parlamentario, resulta cuestionable que quien impulsa una reforma tributaria en beneficio de grandes empresas y modificaciones a favor de inmobiliarias tenga vínculos familiares directos con el sector. "Transparencia total es lo que uno pide", sentenció Flores.
Desde las jefaturas de bancada, las opiniones están divididas. Juan Luis Castro, jefe de bancada del comité PS-PPD, valoró la apertura a plazos más extensos de trámite, pero advirtió que es imperativo generar espacios de diálogo formal, especialmente en temas complejos como la reintegración y la invariabilidad tributaria.
Por otro lado, la jefa de bancada de Renovación Nacional, María José Gatica, lanzó una dura crítica al ministro Quiroz, instándolo a "bajarse del pedestal" para negociar la reforma, sugiriendo que las formas políticas son fundamentales y que el área de la negociación no es la especialidad del secretario de Estado. En contraste, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), salió en defensa de Quiroz, afirmando que el ministro está "a la altura de las circunstancias" y que el país requiere la megarreforma por encima de las "peleas chicas".
El escepticismo también persiste en sectores como el del senador PPD, Pedro Araya, quien, aunque se mostró disponible para conversar, calificó la iniciativa como un proyecto "profundamente equivocado" que debilita al Estado y reduce su capacidad de fiscalización, generando incertidumbre.
Finalmente, existe una línea de presión técnica respecto al Informe de Finanzas Públicas. Senadores como Diego Ibañez han planteado que el Ejecutivo ha omitido mencionar los efectos proyectados de la megarreforma en dicho documento, exigiendo que este impacto sea recontextualizado y puesto sobre la mesa antes de avanzar en el proceso, el cual iniciará formalmente su camino este martes.
