El cáncer se ha consolidado como una de las principales causas de mortalidad en el Perú, evidenciando una crisis que va más allá de la capacidad médica instalada. De acuerdo con los datos proporcionados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), durante el año 2025 se registraron 40.830 fallecidos a causa de esta enfermedad, una cifra que pone de relieve la urgencia de revisar las políticas públicas de salud en el país.
Si bien se han reportado avances en materia de prevención, financiamiento y la generación de información estadística, persiste un vacío crítico en la agenda pública: las condiciones estructurales que determinan quién puede acceder a un diagnóstico oportuno y quién finalmente logra completar un tratamiento. Según el CEO de la Fundación Peruana de Cáncer, el problema no es únicamente clínico, sino que existen barreras sociales y logísticas que impactan directamente en la supervivencia de los pacientes.
Uno de los puntos más críticos es la centralización de los servicios de salud especializados. Actualmente, la red oncológica peruana presenta una capacidad resolutiva limitada en el interior del país, lo que obliga a que aproximadamente el 65% de los pacientes deban trasladarse a la ciudad de Lima para recibir la atención especializada que requieren. Esta situación genera una presión desmedida sobre los centros de la capital y somete a los pacientes de regiones a un desgaste físico y económico considerable.
A esta problemática se suman las demoras administrativas y asistenciales. Los tiempos de espera para acceder a citas, exámenes y procedimientos dilatan la atención mucho más allá de los plazos establecidos por la ley, lo que compromete la efectividad de los tratamientos oncológicos, donde el tiempo es un factor determinante para el éxito clínico.
La brecha de acceso se profundiza drásticamente en las regiones. En muchas zonas del Perú, el acceso al primer nivel de atención es limitado, y el proceso de referencia hacia centros especializados resulta complejo y burocrático. Como consecuencia directa de estas deficiencias, una gran cantidad de casos de cáncer se detectan en etapas avanzadas, momento en el cual las probabilidades de éxito en el tratamiento se reducen significativamente.
Sin embargo, el desafío no termina cuando el paciente logra superar las barreras médicas y llega a la capital. Una dificultad invisible pero devastadora es la falta de alojamiento. Muchos pacientes deben permanecer en Lima durante semanas o meses para completar sus ciclos de tratamiento. Ante la insuficiente capacidad de los albergues actuales, las familias se enfrentan a costos de alojamiento que superan sus capacidades económicas. Esta precariedad financiera obliga a muchas personas a retrasar sus citas o, en los casos más graves, a abandonar el tratamiento por completo.
Ante este escenario, la Fundación Peruana de Cáncer ha impulsado la construcción del Hogar Ponle Corazón. Este proyecto surge como una respuesta directa a la falta de alojamiento digno, buscando duplicar la capacidad de acogida actual. El objetivo del centro no es solo brindar un techo, sino sostener un modelo de apoyo integral y acompañamiento tanto para los pacientes como para sus familias, mitigando el impacto emocional y económico del traslado.
No obstante, se advierte que los esfuerzos individuales o de fundaciones no son suficientes si no se implementa una mirada integral desde el Estado. La solución definitiva no puede limitarse exclusivamente a una atención médica descentralizada, oportuna y articulada. Es imperativo garantizar las condiciones estructurales que permitan que el paciente sostenga su tratamiento. Para miles de familias peruanas, la continuidad de la lucha contra el cáncer depende, fundamentalmente, de contar con un lugar digno donde quedarse mientras reciben su atención médica.
