El Gobierno de Bolivia reconoció oficialmente este lunes el fallecimiento de una persona como consecuencia de los enfrentamientos registrados durante un operativo militar y policial que resultó fallido. Dicha intervención tenía como objetivo principal despejar una carretera troncal en el occidente del país, la cual se encontraba bloqueada por diversos sectores sociales que exigen la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz.
La confirmación de la muerte fue realizada por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien aprovechó la instancia para ofrecer disculpas públicas debido a la contradicción en la información oficial. El pasado sábado por la noche, la versión difundida por el Ejecutivo aseguraba que no se habían registrado víctimas fatales durante los incidentes. Gálvez explicó que aquella primera declaración se basó en información contradictoria recibida en el momento del despliegue operativo, destinado a habilitar el denominado “corredor humanitario”.
Este corredor tenía la finalidad estratégica de permitir el paso de suministros esenciales, tales como alimentos, combustible y medicamentos, hacia las ciudades de La Paz y El Alto. Ambas urbes han sido las más perjudicadas por el desabastecimiento derivado de los cortes de ruta que afectan la logística regional. El vocero manifestó que el conocimiento del fallecimiento de un ciudadano ocurrió durante la madrugada del domingo, expresando el pesar del Gobierno ante la pérdida de una vida humana en circunstancias similares.
El operativo en cuestión se llevó a cabo el sábado sobre la carretera troncal que conecta las ciudades de La Paz y Oruro, las cuales se encuentran separadas por una distancia de 227 kilómetros. El propósito era restablecer el flujo de suministros básicos hacia la sede de Gobierno y El Alto, donde la crisis de abastecimiento se había agudizado. Sin embargo, la intervención tuvo que ser suspendida abruptamente debido a la intensidad de los enfrentamientos en diversos tramos de la ruta.
Los choques entre las fuerzas del orden y los manifestantes no solo impidieron el avance del convoy oficial, sino que derivaron en actos de violencia que incluyeron la quema de oficinas estatales y daños materiales considerables en los vehículos que acompañaban la operación gubernamental. El punto crítico de los incidentes se localizó cerca de la localidad de Vilaque, escenario donde se produjeron los enfrentamientos más severos entre los agentes policiales, militares y los manifestantes que mantenían el bloqueo.
La confirmación técnica de la muerte llegó el domingo a través de medios locales, que difundieron un reporte forense practicado en el Hospital de Clínicas de La Paz. El cuerpo, trasladado desde la región del altiplano el sábado por la noche, fue identificado como Víctor Cruz Quispe. El examen forense certificó que la causa del fallecimiento fue un “proyectil de arma de fuego”, dato que ha generado una fuerte presión sobre las autoridades.
Ante estos hechos, diversas instituciones han alzado la voz exigiendo justicia. La Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto han solicitado el esclarecimiento urgente, independiente y transparente de lo sucedido el sábado. En sus pronunciamientos, estas organizaciones enfatizaron la necesidad de investigar a fondo las vulneraciones a los derechos humanos, haciendo especial hincapié en el caso del fallecido y las personas que resultaron heridas.
Por su parte, el vocero José Luis Gálvez defendió el proceder de las fuerzas desplegadas, asegurando que ninguno de los efectivos militares ni policiales portaba armas de fuego de ningún calibre. Según la versión oficial del Gobierno, los agentes solo contaban con gases lacrimógenos destinados a fines disuasivos. No obstante, Gálvez aseguró que el Ejecutivo impulsará una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades penales. “Y el que haya asesinado tiene que pagar”, afirmó el vocero, sosteniendo que nadie está por encima de la ley.
Este episodio se enmarca en un clima de alta tensión política. La operación del sábado intentaba romper bloqueos instalados desde hace 20 días por sectores campesinos de la zona andina, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales. Estos grupos mantienen sus demandas centradas en la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el mando del país hace seis meses.
