El FMI advierte que bajar la inflación a un dígito en Argentina podría demorar hasta cuatro años

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido una advertencia significativa respecto al ritmo de estabilización de precios en Argentina. Según los documentos vinculados a la segunda revisión del acuerdo con el país, difundidos este viernes, el organismo considera que el proceso para reducir la inflación a un solo dígito podría demorar entre tres y cuatro años adicionales. Esta proyección surge en un momento de alta sensibilidad económica y plantea un escenario temporal mucho más prolongado de lo que el Gobierno nacional había anticipado.

En el denominado "Staff Report", el organismo multilateral explicó que, si bien la etapa inicial de reducción de la inflación —cuando se pasa de niveles de dos o tres dígitos— suele ocurrir de manera rápida, la consolidación de una tasa de un solo dígito es un proceso más lento que, en promedio, requiere de este plazo extendido. Este diagnóstico contrasta directamente con las declaraciones previas del presidente Javier Milei, quien había asegurado en reiteradas ocasiones que la desaceleración sería acelerada, llegando incluso a prever a fines de marzo que el índice comenzaría con cero a partir del mes de agosto.

Ante este panorama, el FMI planteó la necesidad imperativa de modificar la estrategia económica actual. La recomendación central es avanzar gradualmente hacia un esquema de metas de inflación, alejándose del uso del tipo de cambio como un ancla rígida para el control de precios. En su lugar, el Fondo propone una flotación más flexible donde el dólar funcione como un amortiguador frente a shocks externos y no como el instrumento principal de control inflacionario.

El diagnóstico del organismo sobre el sector externo es crítico. El FMI señaló que el tipo de cambio actual todavía no se encuentra en una situación de equilibrio y advirtió sobre la vulnerabilidad del frente externo argentino. Un dato alarmante es que las reservas del Banco Central cubren apenas el 38% de la métrica considerada adecuada por el organismo. A esto se suma que la deuda pública externa representa el 197% de las exportaciones del país, lo que acentúa la fragilidad financiera.

En este contexto, el Fondo subrayó la importancia de sostener un tipo de cambio competitivo para evitar una apreciación excesiva del peso que pueda afectar la competitividad externa. Especialmente, alertó sobre el riesgo del "mal holandés", un fenómeno que podría ocurrir ante el ingreso masivo de divisas provenientes de los sectores de energía y minería. Este flujo extraordinario de dólares podría apreciar la moneda local y, consecuentemente, castigar la industria nacional. Para mitigar este riesgo, el FMI sugirió implementar mecanismos de ahorro de las ganancias extraordinarias derivadas del boom exportador.

En cuanto a la política impositiva, el FMI recomendó la eliminación gradual de los impuestos al comercio exterior, haciendo hincapié en las retenciones al agro. Según las estimaciones del organismo, su remoción total permitiría un incremento del 10% en las exportaciones de granos y oleaginosas, lo que se traduciría en un ingreso adicional de aproximadamente 5.000 millones de dólares anuales y un crecimiento del 0,4% en el Producto Bruto Interno (PBI).

Asimismo, el organismo manifestó sus discrepancias con la política monetaria vigente. El FMI señaló que, mientras la inflación persista en niveles de dos dígitos, mantener metas rígidas sobre los agregados monetarios puede provocar una alta volatilidad que afecte tanto a la actividad económica real como a las tasas de interés. Por ello, insistió en la transición hacia un régimen de metas de inflación sustentado en la tasa de interés de referencia. No obstante, esta sugerencia ha sido cuestionada por economistas locales, quienes sostienen que dicho esquema es más efectivo en contextos de inflación ya baja y que, por el momento, es necesario mantener un ancla cambiaria más fuerte.

Finalmente, el FMI propuso una reforma integral y profunda del sistema tributario, calificándolo de complejo, inestable y altamente distorsivo, con más de 155 impuestos vigentes y una excesiva dependencia de tributos al comercio exterior y transacciones financieras. Las propuestas incluyen ampliar la base del impuesto a las Ganancias para que al menos el 20% de los trabajadores formales tributen, establecer una alícuota corporativa plana del 30%, revisar el Monotributo, eliminar exenciones y unificar las alícuotas del IVA.

Uno de los cambios más ambiciosos sugeridos es la reforma fiscal provincial, proponiendo reemplazar progresivamente el impuesto a los Ingresos Brutos por un IVA dual provincial-federal en un plazo de diez años. El organismo estima que una reforma de esta magnitud podría generar recursos adicionales equivalentes al 3,3% del PBI, provenientes de la ampliación de la base tributaria, la reducción de beneficios fiscales y una mayor recaudación de impuestos patrimoniales en las provincias.