Chile enfrenta una realidad social compleja y persistente en relación con el trato y la integración de las personas con discapacidad. Según datos expuestos por Alejandro Hernández Lemus, presidente y director ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados, en el país viven aproximadamente 3,2 millones de personas con discapacidad. Esta cifra se expande significativamente si se incorpora el entorno cercano, alcanzando a cerca de 9,6 millones de chilenos y chilenas que conviven, de manera directa o indirecta, con esta condición.
A pesar de la magnitud de estas cifras, persiste una brecha profunda entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de millones de personas. Hernández Lemus advierte que el país suele atravesar ciclos de conmoción pública ante hechos de discriminación que generan indignación en redes sociales y provocan declaraciones oficiales. Sin embargo, una vez que la polémica mediática se disipa, Chile parece retomar su rumbo normal, mientras que para las personas con discapacidad la discriminación no desaparece con los titulares, sino que se mantiene como una realidad permanente, cotidiana y, en muchos casos, silenciosa.
Un ejemplo reciente que ha vuelto a poner este tema en la agenda pública es el caso del ejecutivo Germán Naranjo y su conflicto con la tripulación de la aerolínea Latam, ocurrido y judicializado en São Paulo, Brasil. Este suceso ha reabierto una discusión incómoda sobre el trato que la sociedad chilena y regional otorga a quienes son percibidos como diferentes. El análisis de Hernández Lemus, basado en cuatro décadas de recorridos por Chile y América, sugiere que el obstáculo más crítico no es la condición física, cognitiva o sensorial del individuo, sino las barreras humanas, culturales y sociales profundamente arraigadas en la mentalidad colectiva.
El diagnóstico es claro: aunque Chile ha logrado avances en términos de leyes, campañas y discursos, la discriminación sigue instalada en los espacios más comunes de la vida diaria. Se reportan dificultades y exclusiones en el transporte público, los establecimientos educacionales, los estadios y los locales comerciales. No obstante, es en el ámbito laboral donde la vulneración de derechos se manifiesta con mayor crudeza. Miles de personas con discapacidad quedan excluidas de oportunidades de empleo, a pesar de contar con la formación académica, la experiencia profesional y las capacidades necesarias para desempeñar los cargos.
En el plano legislativo, se destaca la Ley 21.015, la cual fue impulsada originalmente por la Fundación Nacional de Discapacitados en el año 2008 y promulgada finalmente en 2017. Esta normativa estableció cuotas de contratación obligatorias tanto para instituciones públicas como privadas. A pesar de este marco legal, las bajas tasas de contratación real evidencian que persiste una discriminación silenciosa y normalizada que impide que la ley se cumpla en su espíritu original.
Ante este escenario, surge la propuesta de realizar una modernización profunda de la Ley Antidiscriminación, conocida como Ley Zamudio. Desde la Fundación Nacional de Discapacitados se sostiene que no es suficiente con la condena social de estas conductas; es imperativo implementar sanciones efectivas y reparaciones reales para quienes sufren humillación o exclusión. La propuesta apunta hacia la aplicación de sanciones económicas severas que reparen directamente a las víctimas, evitando que las multas se dirijan únicamente al Estado.
Finalmente, el organismo hace un llamado directo al gobierno del Presidente José Antonio Kast para que el Estado asuma un rol ejemplar y activo. Se solicita el impulso de un verdadero Plan Nacional de Inclusión Laboral que emané desde el Palacio de La Moneda y que se traduzca en contrataciones alineadas con la Ley 21.015. La conclusión es que la inclusión no puede limitarse a campañas simbólicas, sino que debe transformarse en una política concreta y sostenida, ya que la forma en que un país trata a las personas con discapacidad es el reflejo directo de su nivel de humanidad, empatía y desarrollo social.
