La Ciudad de México se ha convertido en el escenario de una intensa controversia política tras darse a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido citatorios para que comparezcan los gobernadores de Chihuahua y de Sinaloa. Maru Campos Galván, representante del Partido Acción Nacional (PAN), y Rubén Rocha Moya, militante de Morena, son los mandatarios convocados por el organismo de seguridad, una acción que ha provocado reacciones diametralmente opuestas entre las principales fuerzas políticas del país.
Desde la dirigencia de Morena, la postura ha sido de respaldo absoluto a la institución fiscal. Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional del partido, utilizó sus redes sociales para manifestar el reconocimiento de su movimiento hacia la actuación de la FGR. Según Montiel, la Fiscalía está conduciendo los hechos de interés público con imparcialidad y en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La líder guinda enfatizó que, de acuerdo con la información proporcionada por la propia fiscalía, tanto la mandataria de Chihuahua como el gobernador de Sinaloa comparecerán en calidad de testigos.
Montiel Reyes subrayó que estas diligencias se están llevando a cabo con plena sujeción al marco legal y al debido proceso. En un tono reflexivo sobre la identidad nacional, la dirigente recordó que México posee profundas raíces de lucha y defensa de la patria, citando a las heroínas y héroes que dieron paso a una nación libre y soberana. Para Morena, la actuación de la FGR es una muestra de que el Estado de derecho debe protegerse siempre con transparencia y, fundamentalmente, sin otorgar privilegios a ninguna persona, independientemente de su cargo.
Sin embargo, esta visión de imparcialidad es rechazada categóricamente por la oposición. El Partido Acción Nacional (PAN), a través de un comunicado oficial, denunció que el gobierno de Morena ha decidido instrumentalizar las instituciones del Estado para perseguir a sus adversarios políticos. La dirigencia blanquiazul acusó al oficialismo de actuar bajo un "doble rasero", alegando que mientras se busca procesar a opositores, se protege y encubre a figuras políticas del propio movimiento de Morena que han sido señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Para el PAN, el citatorio dirigido a Maru Campos es una confirmación del "uso faccioso del poder". El partido lamentó que una gobernadora que, a su juicio, ha combatido frontalmente al crimen organizado sea ahora objeto de lo que califican como "persecución política". El comunicado fue enfático al señalar que existen personajes de Morena que han sido acusados incluso por autoridades de Estados Unidos, pero que continúan gozando de protección desde las esferas del poder central.
A pesar de la convocatoria de la FGR, el PAN aseguró que no existe motivo de preocupación jurídica respecto a la situación de Maru Campos. El partido recordó que cualquier acción legal o proceso que pretenda afectar la situación jurídica de la mandataria estatal tendría que pasar necesariamente por el Congreso del estado de Chihuahua, el cual se encuentra controlado por el PAN, y tendría que ajustarse estrictamente al marco constitucional vigente. Finalmente, advirtieron que esta campaña de persecución provocará una respuesta ciudadana contundente y evidenciará el abuso de poder de Morena.
Sumándose a las críticas, Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó su apoyo total a la gobernadora de Chihuahua. A través de sus redes sociales, Moreno describió la acción de la FGR como un "descarado y cínico embate del narcogobierno de Morena". Para el senador con licencia, el acoso y la persecución política de los que es víctima Campos Galván revelan la verdadera vocación de quienes actualmente ostentan el poder en el país.
Moreno fue enfático al asegurar que la gobernadora no está sola y que los priístas defenderán su postura con firmeza. Argumentó que tanto el PRI como Maru Campos están "del lado correcto de la historia", definiendo su lucha como un combate contra los cárteles del crimen organizado para liberar a México de la violencia, la sangre y la muerte.
En un matiz distinto, Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, mantuvo una postura más ambivalente. A través de la red social X, Máynez puntualizó que tanto Rubén Rocha Moya como Maru Campos Galván deben ser investigados. En su publicación, el líder naranja sostuvo que es posible mantener diversas posturas simultáneamente: estar a favor de que Rocha Moya, Inzunza y sus presuntos cómplices sean juzgados, estar en contra del intervencionismo, no aplaudir los "desvaríos" de la gobernadora de Chihuahua y advertir sobre lo que calificó como el "ridículo de la marcha de Morena".
