El senador Enrique Inzunza, integrante del partido Morena, ha confirmado que atenderá de manera personal y puntual el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR). Esta determinación surge en el marco de las graves acusaciones formuladas en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo vinculan con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X, el legislador informó que el pasado sábado recibió la citación formal para comparecer ante el Ministerio Público Federal. En su mensaje, Inzunza dejó clara su postura respecto a la defensa legal que llevará a cabo durante este proceso, asegurando que él mismo asumirá la representación jurídica de su caso. “Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal", manifestó el senador, subrayando su confianza en la transparencia de su trayectoria.
En el mismo sentido, el legislador se definió como un "hombre de República, de sus leyes y de sus instituciones", destacando que a lo largo de su carrera ha servido al país con honor, decoro y compromiso. Como muestra de su disposición a enfrentar el proceso legal sin privilegios, Enrique Inzunza afirmó categóricamente que no hará uso de la inmunidad procesal, ni se valdrá de la excepción prevista en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El senador concluyó su declaración expresando su plena confianza en las instituciones democráticas que han sido construidas por los ciudadanos mexicanos, haciendo un llamado a que prevalezcan la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional en el desarrollo de las investigaciones.
Este escenario legal se deriva de las acciones emprendidas el pasado 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En dicha fecha, la instancia estadounidense presentó acusaciones formales contra diversos funcionarios públicos, entre los que se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Junto a ellos, el senador Inzunza y otros siete funcionarios fueron señalados por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas de fuego.
Paralelamente a este caso, la Fiscalía General de la República ha ampliado sus citaciones a otros servidores públicos en relación con investigaciones distintas pero relevantes. El pasado sábado, la FGR dio a conocer que también ha citado a declarar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, así como al exfiscal general de dicha entidad, César Jaurégui. El motivo de estas comparecencias estaría relacionado con el reporte de la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dentro del estado de Chihuahua.
La situación del senador Inzunza se suma a la de otros funcionarios citados por la FGR que actúan en conformidad con las acusaciones provenientes de Estados Unidos, como es el caso de Rubén Rocha Moya, quien también ha sido llamado a declarar por las acusaciones presentadas en su contra en el contexto conocido como el caso "CIAgate".
Con estas acciones, el senador de Morena busca deslindarse de las imputaciones internacionales y demostrar, a través de las instituciones mexicanas, la inexistencia de los vínculos que se le atribuyen con el crimen organizado. El proceso se mantiene bajo la vigilancia de la FGR, mientras se espera que las comparecencias de los involucrados arrojen claridad sobre las acusaciones de narcotráfico y la presunta intervención de agencias de inteligencia extranjeras en territorio nacional.
