En una serie de operativos coordinados, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) lograron la localización e inhabilitación de tres laboratorios clandestinos destinados a la producción de drogas sintéticas en el estado de Sinaloa, al norte de México. Como resultado de estas acciones, las autoridades aseguraron un cargamento superior a las cuatro toneladas de metanfetamina, además de una cantidad considerable de precursores químicos.
De acuerdo con la información precisada en un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una de las intervenciones más significativas tuvo lugar en el poblado de Los Haros. En este sitio, los agentes lograron el aseguramiento de 4,000 kilogramos de metanfetamina. Asimismo, se decomisaron 4,500 litros y 200 kilogramos de diversas sustancias y precursores químicos, junto con material diverso que es empleado habitualmente para la elaboración de drogas sintéticas.
Simultáneamente, las fuerzas de seguridad desplegaron acciones en el poblado de Los Cedritos, donde se localizaron dos laboratorios adicionales. En el primer inmueble intervenido, las autoridades hallaron 400 litros de ácido acético, 1,200 kilogramos de sosa cáustica y diversas herramientas utilizadas en el proceso de fabricación de estupefacientes.
En el segundo inmueble ubicado en la misma zona, el decomiso fue más diversificado. Las autoridades aseguraron 200 kilogramos de metanfetaminas, 450 kilogramos de producto que se encontraba en proceso de secado y 400 litros de producto mezclado. Además, se localizaron 3,000 litros de precursores líquidos, 1,000 litros de tolueno, 653 kilogramos de sosa cáustica y 375 kilogramos de ácido tartárico, además de diversas herramientas y accesorios de trabajo.
El impacto de este operativo no solo se mide en la cantidad de droga retirada del mercado, sino también en el perjuicio financiero causado a las estructuras criminales. Según el mensaje oficial de la SSPC, se estima que la afectación económica para la delincuencia organizada asciende a una cifra superior a los 923 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 53 millones de dólares estadounidenses. La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina, trabajando en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República.
Estas acciones se desarrollan en un contexto de tensiones y presiones crecientes por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha solicitado a México reforzar las medidas de combate contra la producción y el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, actividades impulsadas principalmente por los carteles mexicanos.
En particular, la presión sobre el Cartel de Sinaloa se ha intensificado recientemente. Estados Unidos ha señalado a diez funcionarios de alto nivel por presuntamente colaborar con la facción conocida como "Los Chapitos". Entre los señalados se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador del partido gobernante Morena, quien se encuentra con licencia.
Como parte de este escenario, dos de los funcionarios señalados, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, quienes se desempeñaron como secretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa respectivamente, se entregaron recientemente a las autoridades estadounidenses. Esta entrega ocurre en medio de versiones que sugieren la existencia de posibles acuerdos de cooperación con fiscales federales de los Estados Unidos.
Finalmente, es relevante destacar que el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) forman parte de los diez carteles mexicanos que el presidente estadounidense Donald Trump declaró como organizaciones terroristas el año pasado, subrayando la gravedad con la que el gobierno estadounidense percibe la operatividad de estos grupos criminales en la región.
