El proceso de discusión de la megarreforma en la Cámara de Diputados ha estado marcado por una intensa actividad legislativa y fuertes contrastes emocionales dentro del pleno. Tras la aprobación en general del proyecto, que se ha posicionado como la iniciativa estrella del actual gobierno, la corporación procedió a la etapa de discusión del articulado, fase en la cual se definen los detalles específicos de la norma.
Una de las principales preocupaciones iniciales de las autoridades administrativas de la Cámara residía en el volumen de indicaciones que la oposición pretendía renovar para el debate en el pleno. Finalmente, el número de observaciones presentadas para la discusión del articulado alcanzó un total de 118. Entre estas propuestas destacaba una impulsada por el diputado Jorge Brito, perteneciente al Frente Amplio (FA), la cual buscaba establecer obligaciones estrictas respecto a las salas cunas.
La norma sustitutiva propuesta por Brito establecía que los empleadores deben contar con salas cunas que sean anexas e independientes del local de trabajo. El objetivo de esta medida es permitir que la persona trabajadora pueda dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos en dichas instalaciones mientras se encuentre cumpliendo sus funciones laborales.
No obstante, la secretaría de la Cámara declaró inicialmente esta indicación como inadmisible. Los argumentos para este rechazo se basaron en que la propuesta se encontraba fuera de las ideas matrices del proyecto y, fundamentalmente, porque inmiscuía la labor legislativa en la facultad exclusiva del Presidente de la República. Ante esta situación, la jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, intervino durante el debate para reclamar la decisión y cuestionar el criterio de la mesa, la cual estaba liderada por el diputado Jorge Alessandri, de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Debido a la insistencia de la diputada Yeomans, el timonel de la corporación se vio obligado a someter a consulta la petición de la parlamentaria frenteamplista. En este punto se produjo uno de los momentos más llamativos de la jornada, ya que cuatro diputadas oficialistas votaron en contra del criterio de la mesa y, por consecuencia, en contra de la postura del gobierno, para que la norma fuera declarada admisible. Este grupo estuvo compuesto por las diputadas de la UDI, Alejandra Valdebenito y Natalia Romero, junto a las socialcristianas Francesca Muñoz y Sara Concha. Este resultado fue recibido en la sala con una masiva celebración y fuertes aplausos.
Una vez que el pleno logró doblar la mano de la mesa y declarar la norma como admisible, se procedió a la votación del contenido de la indicación. En este segundo pronunciamiento, las cuatro diputadas mencionadas anteriormente volvieron a votar en contra de la línea establecida por La Moneda. A este grupo se sumó la diputada republicana Claudia Reyes, quien también votó a favor de la norma. Sin embargo, fuentes de su bancada aclararon posteriormente que el voto de Reyes fue producto de un error, situación que ya habría sido transmitida a la mesa para su corrección.
A pesar de la gestión para corregir dicho voto, los resultados oficiales se mantuvieron. La norma de salas cunas fue visada con un total de 82 respaldos, 48 votos en contra y 24 abstenciones. Cabe destacar que, aunque la abstención no representa un apoyo directo a la norma, diversos diputados de la derecha, principalmente de la UDI y Renovación Nacional (RN), optaron por esta vía en lugar de votar en contra.
La aprobación de esta medida generó una reacción inmediata del Poder Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo una reserva de constitucionalidad, argumentando que la norma afecta las finanzas públicas y contraviene la Constitución, así como la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad financiera.
Específicamente, Quiroz hizo referencia al tercer inciso del artículo 65 de la Carta Fundamental, el cual determina que las iniciativas relacionadas con la administración financiera o presupuestaria del Estado son exclusivas del Presidente de la República. Asimismo, el jefe de la billetera fiscal señaló que la norma impulsada por el diputado Brito contraviene el numeral 6° del mismo artículo, que otorga la facultad exclusiva al Ejecutivo para establecer o modificar normas sobre seguridad social que incidan tanto en el sector público como en el privado.
Este anuncio de la reserva de constitucionalidad por parte del ministro de Hacienda cerró la jornada con un ambiente tenso, provocando que la oposición reaccionara con abucheos al interior del pleno.
