La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el artículo 9 bis del proyecto que establece la Sala Cuna Universal, una medida que busca ampliar significativamente el acceso a este beneficio para los trabajadores en Chile. La votación concluyó con 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones, reflejando una división política que persiste tanto en los sectores oficialistas como en la oposición.
A pesar de la aprobación legislativa, la norma ha quedado marcada por una fuerte controversia política. Tanto el Gobierno como la diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Constanza Hube, presentaron una reserva de constitucionalidad. Esta acción abre la posibilidad de que el proyecto sea revisado por el Tribunal Constitucional, lo que podría poner en riesgo la implementación de la medida si se determina que vulnera la carta fundamental.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue enfático al señalar que el Ejecutivo presentó esta reserva debido a que considera que la indicación invade atribuciones exclusivas del Gobierno. Según el secretario de Hacienda, la norma afecta directamente las finanzas públicas y contraviene la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y la responsabilidad sobre el presupuesto nacional.
Desde el oficialismo, la respuesta no fue unánime. La diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, criticó duramente la postura del Gobierno, acusando una falta de voluntad política para avanzar en los derechos de cuidado. Gazmuri sostuvo que el Ejecutivo prefiere imponer obstáculos en lugar de brindar soluciones cuando se trata de derechos para las familias y la crianza, cuestionando la coherencia del Gobierno al declararse "pro vida" mientras frena estas iniciativas.
Por otro lado, los impulsores de la medida celebraron el resultado. La diputada del Frente Amplista, Gael Yeomans, quien impulsó la indicación, calificó la aprobación como una "luz de esperanza" dentro del proyecto de reconstrucción económica. Yeomans destacó que la Sala Cuna Universal garantiza la creación de empleo para más de 150 mil mujeres y señaló que representa un gasto cinco veces menor en comparación con el crédito tributario al empleo que estaba contemplado en la iniciativa original.
En la misma línea, el diputado Jorge Brito (FA) valoró la medida como la mejor política pública para generar empleo, poniendo a las madres y a los niños como el eje central de la estrategia. Asimismo, Brito destacó el respaldo recibido por parte del Partido de la Gente, señalando que la unión de fuerzas permite lograr avances concretos para el país. Tamara Ramírez, subjefa de bancada del Partido de la Gente, coincidió en que la aprobación es un triunfo para la clase media y un paso decisivo hacia la reactivación económica.
Sin embargo, no todas las voces concordaron con la forma en que se integró la medida. La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), aunque manifestó su apoyo al concepto de Sala Cuna Universal, advirtió que la indicación era inadmisible por no ajustarse a la idea matriz del proyecto original, sugiriendo que no se debían mezclar materias. De igual forma, la diputada republicana Javiera Rodríguez criticó que diversos parlamentarios intentaran incluir sus causas personales y luchas sectoriales en un proyecto de reconstrucción económica.
Desde el Partido Social Cristiano, la diputada Francesca Muñoz fue crítica con la gestión del presidente Gabriel Boric, afirmando que la Sala Cuna Universal es una necesidad urgente que el Gobierno no fue capaz de concretar en cuatro años debido a la falta de una fórmula financiera responsable.
En cuanto a los detalles técnicos, la indicación aprobada elimina el requisito legal actual, el cual obliga únicamente a las empresas que cuentan con 20 o más trabajadoras mujeres a otorgar sala cuna. Con el nuevo texto, el derecho se garantiza para todas las personas trabajadoras con hijos menores de dos años, extendiéndose también a los trabajadores independientes y a quienes tengan el cuidado personal de un niño o niña mediante resolución judicial.
El financiamiento de este sistema se realizará a través de un Fondo de Sala Cuna, el cual será administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Servicio de Tesorerías. Este fondo se alimentará principalmente mediante una cotización obligatoria del 0,3% de las remuneraciones imponibles, cargo que corresponderá al empleador, además de recibir aportes fiscales. Los recursos serán pagados directamente a salas cuna que cuenten con reconocimiento oficial del Estado, implementando mecanismos de fiscalización y sanciones ante irregularidades.
La implementación de la ley sería gradual: durante el primer año desde su publicación, el beneficio regiría para mujeres trabajadoras y personas con cuidado personal exclusivo de menores de dos años. A partir del segundo año, el derecho se extendería a la totalidad de las personas trabajadoras.
