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Debate por la Ley de Glaciares y el Futuro de la Minería Argentina

Debate por la Ley de Glaciares y el Futuro de la Minería Argentina
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El futuro de la minería en Argentina y la protección de sus recursos hídricos están en el centro de la discusión legislativa. La Cámara de Diputados debatirá esta semana una reforma a la Ley de Glaciares que busca dar mayor autonomía a las provincias en la definición de criterios de preservación, atendiendo a reclamos de regiones con fuerte actividad minera. El proyecto, ya aprobado por el Senado, genera controversia en torno a la protección de las zonas periglaciares, áreas clave para las reservas de agua que también presentan un alto potencial para la explotación minera.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) defiende las modificaciones propuestas, argumentando que no comprometen la protección del agua, ya que la actividad minera representa solo el 1% del consumo total en el país. La entidad compara este consumo con el requerido para la producción de alimentos y bebidas comunes, como vino, chocolate y café, destacando que los volúmenes utilizados son comparables a otras actividades productivas.

En un contexto económico que busca atraer inversiones, especialmente en sectores estratégicos como la minería, el gobierno nacional ve en el desarrollo de yacimientos como Taca-Taca, con una inversión estimada de USD 4.200 millones, una oportunidad para generar divisas y empleo. La minera First Quantum Minerals se comprometió a alinear el proyecto con estándares internacionales de sostenibilidad ambiental y social.

Paralelamente, la Corte de Justicia de Catamarca levantó recientemente una medida cautelar que suspendía la actividad minera en la cuenca del Río Los Patos, tras la presentación de un Estudio de Gestión e Impacto Ambiental Acumulativo que no evidenció daños ambientales. Este fallo habilita a la provincia a otorgar nuevas concesiones en una zona sensible por la coexistencia de recursos hídricos y potencial minero. La regulación actual establece controles sobre el uso del agua a través de concesiones, auditorías y sanciones, un esquema que podría verse modificado si la reforma prospera en el Congreso.

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