El proceso de selección para designar al Fiscal General del Estado atraviesa una etapa de fuerte tensión. La Comisión Ciudadana de Selección, encargada de avanzar con la revisión de méritos, se encuentra en el centro de una serie de cuestionamientos emitidos tanto por los postulantes al cargo como por reconocidos juristas, quienes advierten que el sistema de evaluación actual podría estar excluyendo injustamente a profesionales competentes.
El núcleo de la controversia radica en la metodología utilizada para calificar la trayectoria profesional. Diversas voces coinciden en que el reglamento del concurso establece parámetros que favorecen desproporcionadamente a quienes han desarrollado su carrera dentro de la estructura judicial del Estado, dejando en desventaja a los abogados que ejercen la profesión de manera independiente.
Uno de los críticos más prominentes es José De La Gasca, exministro de Gobierno y actual postulante. De La Gasca ha señalado la existencia de vicios en el reglamento, destacando específicamente la falta de motivación en las valoraciones otorgadas por la Comisión. Según el postulante, esta omisión vulnera el artículo 39 de la normativa vigente, lo que resta transparencia al proceso de calificación.
Además, De La Gasca cuestionó las restricciones impuestas para valorar la experiencia profesional, ya que el reglamento limita el reconocimiento a actuaciones muy específicas dentro del ámbito penal. De acuerdo con las reglas establecidas, solo se toman en cuenta las intervenciones en audiencias preparatorias de juicio, audiencias de juicio, de apelación y la fundamentación de recursos extraordinarios, tales como casación y revisión. Para el exministro, esta limitación es injusta, pues ignora otras diligencias fundamentales en las que participan los litigantes, como las audiencias de acción de protección, reduciendo trayectorias extensas a lo que él describe como "cinco cositas".
En sintonía con estas críticas, el abogado Lenin Vernaza, quien no logró superar la fase de admisibilidad, explicó que el sistema de valoración es intrínsecamente más favorable para jueces y fiscales. Esto se debe a que las actuaciones de los funcionarios judiciales quedan registradas de forma automática y directa en el sistema penal, facilitando la acreditación de sus méritos. Por el contrario, los abogados en libre ejercicio suelen manejar una "panacea" de materias —incluyendo el derecho civil y laboral, además del penal—, lo que dificulta que su experiencia encaje estrictamente en los parámetros cerrados del concurso. Vernaza añadió que, incluso dentro de la carrera judicial, los fiscales poseen una ventaja competitiva sobre los jueces debido a que su labor diaria está más alineada con las exigencias penales del reglamento.
La insatisfacción también es compartida por Salomón Montecé, otro de los postulantes, quien denunció irregularidades en su calificación personal. Montecé sostiene que la Comisión no valoró su título de doctorado en Ciencias Políticas, a pesar de que dicha formación está vinculada a la gestión y administración pública, materias que el reglamento define como afines. Asimismo, el abogado señaló que no se le reconocieron las certificaciones de autoidentificación como montuvio ni las capacitaciones cursadas en la Escuela de la Función Judicial.
Desde la academia, el constitucionalista y docente de la Universidad de las Américas, Francisco López, corroboró que el reglamento coloca en una posición vulnerable a los profesionales independientes. López explicó que, mientras el Estado puede emitir certificados oficiales sobre los cargos desempeñados por un funcionario, los abogados independientes —muchos de los cuales son dueños de sus propios estudios jurídicos— carecen de una entidad externa que respalde formalmente su trayectoria. Esta situación es particularmente crítica para quienes se desempeñan como consultores o asesores jurídicos y no comparecen necesariamente en audiencias, dejándolos sin mecanismos claros para demostrar sus años de experiencia.
López también advirtió sobre el riesgo de que el concurso termine favoreciendo a perfiles alineados con el poder político actual. Sugirió que, para garantizar la imparcialidad, el reglamento debió prohibir la participación de candidatos que hubieran trabajado en el Ejecutivo en los últimos cinco años.
Por su parte, el penalista Pablo Encalada, exfiscal de Pichincha, admitió que el sistema "no es justo" para los abogados en libre ejercicio. Sin embargo, sostuvo que los postulantes ya conocían las reglas del concurso antes de inscribirse y que, aunque el sistema sea desfavorable, estas fueron las condiciones fijadas desde el inicio. Encalada opinó que, en caso de que el poder político influya en la designación, al menos debería seleccionarse a alguien con un conocimiento profundo del funcionamiento del sistema judicial y penal.
Finalmente, la incertidumbre persiste entre los aspirantes, como refleja el testimonio de Lenin Vernaza, quien lamentó que, hasta la fecha, no se haya recibido respuesta —ya sea favorable o desfavorable— sobre los recursos de reconsideración presentados.
