En un pronunciamiento conjunto realizado el 18 de mayo de 2026, representantes comunitarios y del sector empresarial de Antigua Guatemala expresaron su profunda preocupación y malestar ante la gestión de la actual administración municipal. Según los denunciantes, las constantes disputas políticas impulsadas por la municipalidad han impedido que se resuelvan los problemas fundamentales que afectan a las aldeas, barrios y diversas zonas urbanas del municipio.
Los portavoces de la comunidad manifestaron sentirse agotados ante una administración que, a su juicio, prioriza la confrontación con los sectores productivos por encima de la búsqueda de soluciones reales para los vecinos, quienes continúan esperando respuestas a sus necesidades básicas. En este sentido, advirtieron que el desarrollo de Antigua Guatemala no se encuentra detenido por la acción de los empresarios, sino por una gestión pública que ha convertido la administración en una pelea permanente contra distintos sectores de la sociedad.
Desde la perspectiva del sector empresarial, se recordó la dependencia crítica que tiene el municipio de la inversión privada. Destacaron que la economía local se sostiene gracias al turismo, el comercio, la gastronomía, la hotelería, los servicios, la construcción y el transporte. Para dimensionar el impacto, señalaron que la actividad económica y turística de Antigua Guatemala moviliza aproximadamente Q9 mil millones al año, una cifra que representa casi 45 veces el presupuesto municipal, el cual asciende a Q200.2 millones.
El impacto social de esta actividad económica es igualmente significativo. Se informó que este rubro genera más de 30 mil empleos directos, de los cuales 24,533 pertenecen al sector de restaurantes y 4,512 al sector hotelero. Ante este panorama, los empresarios subrayaron que cualquier ataque dirigido contra el sector privado representa, en última instancia, un ataque contra los empleos, los proveedores, el turismo y las familias que dependen directamente de la economía local.
Los sectores civiles enfatizaron que el municipio requiere urgentemente de seguridad, certeza jurídica, reglas claras, inversión y obras ejecutadas con calidad. Asimismo, hicieron un llamado a establecer una relación institucional seria entre la Municipalidad, los vecinos, empresarios, fundaciones, comerciantes, desarrolladores y organizaciones civiles. En este contexto, solicitaron que se maneje información veraz y se detenga la difusión de noticias falsas dirigidas contra quienes critican la gestión pública.
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento fue el conflicto relacionado con el sistema de videovigilancia. Los denunciantes aclararon que dicha infraestructura no constituye un negocio privado, sino que es un sistema financiado por los propios vecinos y empresarios con una inversión total de Q7.7 millones, respaldada debidamente con facturas. Este sistema fue entregado en calidad de uso para servir a la población y es operado por la Policía Nacional Civil (PNC), institución que, según el mandato constitucional, es la única facultada para coordinar la seguridad pública.
A través de FUNDANTIGUA, se presentó la existencia de un convenio público-privado con la PNC para la operación de dicho sistema. Esta evidencia contradice las versiones difundidas por el alcalde Juan Manuel Asturias, su secretario y otros funcionarios municipales, quienes habrían afirmado que el convenio no existía y que la seguridad estaba en manos de un ente privado. Los denunciantes señalaron que algunos periodistas locales, presuntamente pagados por la municipalidad, se encargaron de propagar estas informaciones falsas.
Diego Castañeda, empresario y miembro de la Fundación para el Desarrollo de Antigua Guatemala (FUNDANTIGUA), lamentó la desinformación y los señalamientos personales en su contra. Castañeda aclaró que FUNDANTIGUA es un esfuerzo colectivo de empresarios y vecinos, y que él participa en calidad de donante. "La desinformación solo genera confrontación. Antigua Guatemala necesita verdad, transparencia y soluciones", afirmó.
Además del convenio con la PNC, se mostró la existencia de otro acuerdo con el Ministerio Público. Por tales motivos, se instó a la municipalidad a desistir de la compra de un sistema de videovigilancia paralelo, argumentando que el sistema actual ha funcionado correctamente durante seis años y no representa un costo para el vecino. Adquirir un nuevo equipo se consideraría una erogación innecesaria de fondos públicos.
Finalmente, los denunciantes dirigieron un llamado directo al alcalde Juan Manuel Asturias y al Concejo Municipal para que corrijan el rumbo de la administración, rindan cuentas y detengan la confrontación. Exigieron respeto hacia los sectores que sostienen la economía, la seguridad y el desarrollo de la ciudad. Los sectores civiles concluyeron que, con un presupuesto de más de Q200 millones, la administración debe ser transparente en su ejercicio fiscal y comprender que sus acciones están sujetas al escrutinio público por ser funcionarios públicos.
