Un sobreprecio del 47% en la compra de gas para el invierno ha generado un fuerte conflicto entre el Gobierno y el sector agroindustrial.
La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, conocida como CIARA, calificó la decisión del equipo económico como una "falta de transparencia". En una nota enviada a la Secretaría de Energía, la entidad cuestionó la legalidad del procedimiento y solicitó suspender la subasta del Mercado Electrónico de Gas.
El punto central de la disputa es el cargo de regasificación del Gas Natural Licuado. Este valor saltó de 3,5 a 5,16 dólares por millón de BTU. Lo más grave, según CIARA, es que el incremento fue comunicado a las 16:20 para una compulsa prevista a las 16:30. Apenas diez minutos para recalcular costos millonarios en medio de una crisis energética.
La denuncia revela una contradicción incómoda: el Gobierno rechazó inicialmente una oferta por considerarla cara, pero terminó pagando un 47% más a la misma empresa. Mientras Javier Milei prometió retirar al Estado del negocio energético, la importación volvió a quedar en manos de Enarsa tras el fracaso de la licitación para privatizar el servicio.
Fuentes del sector aseguran que el gas se compró tarde y que la improvisación dejó al sistema al borde del desabastecimiento, priorizando el suministro a hogares y centrales eléctricas, mientras las industrias quedan al final de la fila.
Este conflicto golpea a un sector clave para la generación de divisas, ya que las agroexportadoras son fundamentales para el Banco Central. El malestar en el sector privado es evidente: afirman que no pueden comprometer recursos sobre cargos cuya razonabilidad no pueden verificar y advierten que no permitirán otro "negociado" a costa de las empresas.
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