¿Una ayuda diseñada para combatir la pobreza que termina convirtiéndose en una trampa burocrática? El Colectivo IMV Afectados y Afectadas ha lanzado un grito de alerta solicitando la reforma urgente de la ley del Ingreso Mínimo Vital.
El motivo es grave: miles de familias vulnerables están siendo obligadas a devolver dinero recibido debido a errores administrativos. La organización denuncia que estas reclamaciones, derivadas de revisiones tardías y procedimientos injustos, están provocando embargos, un endeudamiento asfixiante y, en los casos más críticos, el riesgo real de perder la vivienda.
Esta situación no es nueva. El Defensor del Pueblo, bajo la dirección de Ángel Gabilondo, ya advirtió que estas medidas empujan a familias empobrecidas hacia situaciones límite. A pesar de que la institución recomendó formalmente modificar la normativa para limitar estos perjuicios, el Gobierno ha decidido rechazar dichas recomendaciones. Para el colectivo, resulta contradictorio que el garante de la justicia social ignore las advertencias de quien debe defender a los más vulnerables.
Para entender la magnitud, el IMV ha llegado a 846.454 hogares, donde conviven más de 581.000 menores. Con una cuantía media de 540 euros mensuales, la prestación ha crecido un 17,7% el último año, siendo la mayoría de los beneficiarios mujeres.
Ante este "problema de Estado", el colectivo exige que se elimine la retroactividad y se garantice la seguridad jurídica. Asimismo, hacen un llamamiento a los partidos políticos para que dejen de utilizar el sufrimiento de los afectados como arma partidista y presenten propuestas legislativas reales en el Congreso de los Diputados. Si no hay pasos normativos, concluirán que no existe voluntad política real para proteger a estas familias.
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