Diversas organizaciones sociales y sindicales han manifestado su respaldo a los líderes ambientalistas del departamento de Cabañas, luego de que la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente rechazara formalmente la solicitud presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) para reabrir un proceso judicial en su contra. Esta resolución judicial pone fin a un intento de la FGR por reavivar un juicio que ya había sido perdido en dos ocasiones anteriores.
A inicios de la presente semana, representantes de la comunidad Santa Marta y directivos de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADES) brindaron una conferencia de prensa para informar sobre la resolución de cámara. Durante el encuentro, los asistentes celebraron que la sede judicial se haya apegado estrictamente al estado de derecho, impidiendo que se lleve a cabo un tercer juicio contra los líderes ambientales. La decisión es vista como un cierre necesario a un proceso que, según los defensores, buscaba una condena a toda costa.
Representantes de diversos sectores sociales y sindicales respaldaron la decisión de la Cámara, destacando que los líderes ambientalistas han estado sometidos a un proceso judicial durante más de tres años. De acuerdo con la interpretación de las organizaciones, el hecho de haber sido absueltos en dos juicios previos demuestra que la FGR intentó imputarles un delito que no cometieron.
Entre las voces más destacadas se encuentra la de Rafael Paz Narváez, integrante del Movimiento Universitario Pensamiento Crítico y del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP). Paz Narváez calificó la resolución como un triunfo popular, argumentando que esta lucha ha logrado unir al pueblo salvadoreño y a sus organizaciones en torno a una causa justa. Para el docente universitario, los dos juicios previos fueron evidencia suficiente para demostrar la inocencia total de los compañeros ambientalistas.
Asimismo, Paz Narváez enfatizó que estos líderes han dado un ejemplo fundamental en la defensa del medio ambiente en El Salvador, especialmente en la lucha contra proyectos mineros que, según sus declaraciones, se están reactivando. El líder social señaló que ya se ha presenciado el ingreso de maquinaria en los territorios, lo que sugiere que existe una intención de renovar con fuerza la implementación de operaciones de minería metálica en el país después de las elecciones de 2027.
Según Paz Narváez, la insistencia de la FGR en perseguir a los ambientalistas representa una amenaza, ya que el Gobierno sería consciente de que la gran mayoría de las organizaciones y la población rechazan la explotación minera. El representante del BRP denunció que el Estado ha comprometido al país con compañías extranjeras para implementar la minería metálica, recordando que a finales de 2024 el oficialismo aprobó la nueva Ley General de Minería Metálica, eliminando así la ley que prohibía estas actividades en el territorio nacional.
Por su parte, el fray Edison Zamora, representante de la Caminata Ecológica y de la Oficina de Justicia y Paz e Integridad de la Creación, vinculó el resultado judicial con la verdad, afirmando que los líderes han demostrado su inocencia y por ello ahora están libres. Zamora subrayó que la lucha se ha mantenido firme junto a la comunidad de Santa Marta y otras organizaciones, manteniendo el rechazo a cualquier acción que atente contra la vida, los derechos humanos y la defensa de la casa común.
El líder religioso insistió en que la minería no debe considerarse una opción ni una forma de desarrollo. Al contrario, sostuvo que esta actividad genera conflictos internos en la nación que no traen beneficios, sino que derivan en persecución, muerte y la destrucción de la vida, haciendo un llamado a resguardar los bienes naturales restantes.
Desde una perspectiva legal, Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y miembro del colectivo de Derechos Humanos Herberth Anaya Sanabria, instó a la Corte a respetar a los magistrados que emitieron este fallo conforme a los derechos humanos. La abogada señaló una contradicción en el fallo emitido en septiembre de 2024, cuestionando por qué algunos líderes fueron declarados responsables civilmente frente a la familia de una supuesta víctima si no se pudo deducir una responsabilidad penal.
Perla añadió que este resultado es fruto de los esfuerzos alcanzados en su momento a través de los Acuerdos de Paz, y aprovechó para manifestar su rechazo tanto a la Ley General de Minería como al Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos.
Finalmente, Silvia Navarrete, del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), celebró la resolución calificándola como una victoria arrancada al sistema. Navarrete afirmó que este hecho demuestra el poder del pueblo organizado y, a pesar de considerar que el sistema judicial está cooptado, resaltó que la lucha colectiva permitió obtener este resultado favorable para los líderes ambientales.
