La ciudad de Guayaquil atraviesa un momento crítico donde la degradación del civismo y la percepción de una ausencia total de autoridad municipal han comenzado a manifestarse en actos de desorden público y un deterioro generalizado del entorno urbano. Un reciente incidente, que se ha vuelto viral en las redes sociales, ha puesto de relieve esta problemática: un hombre fue captado orinando hacia las calles de la ciudad mientras se encontraba de pie sobre el asiento del acompañante de un vehículo en movimiento.
Este acto, descrito como una hazaña realizada con total desparpajo, no es visto simplemente como un hecho aislado de mala educación, sino como un síntoma de un problema estructural más profundo. La situación ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la educación cívica, comparando la situación con las nuevas nomenclaturas implementadas en algunas escuelas privadas, donde los niños utilizan sus dedos para alertar a los docentes sobre sus necesidades fisiológicas. En dichos centros, el gesto de indicar el número uno se ha convertido en la evolución del antiguo hacer pis, mientras que el número dos se refiere a la defecación. Sin embargo, se advierte que no es suficiente con que las instituciones enseñen el control biológico, sino que es imperativo lograr que el ciudadano cuide su entorno y el convivir social.
La preocupación radica en que este tipo de comportamientos irreverentes y antihigiénicos, que consisten en derramar desechos y acidez en zonas urbanas transitadas, se están repitiendo con frecuencia. Los parterres, parques, jardines y las zonas debajo de los pasos a desnivel de las vías principales se han convertido en puntos recurrentes de este desaseo, sin que hasta el momento exista una autoridad que intervenga para poner un alto o aplique las sanciones correspondientes, a pesar de que el marco legal municipal contempla las herramientas para hacerlo.
Este retorno a actitudes que se consideraban desterradas en Guayaquil se vincula directamente con la crisis de gobernanza que atraviesa la ciudad. Actualmente, el municipio se encuentra en una situación administrativa precaria: el alcalde ha sido detenido por presuntos delitos cometidos en su vida privada, mientras que la alcaldesa subrogante, quien no accedió al cargo mediante el voto popular, se ha caracterizado por su ausencia en la gestión pública. Esta falta de liderazgo ha generado un vacío de poder que se traduce en la anarquía cotidiana de las calles.
El retroceso es palpable al comparar la situación actual con los esfuerzos de ordenamiento realizados en el pasado. Se recuerda que en 1992 se implementó una política de mano dura para organizar la ciudad, medida que en su momento generó rechazo en algunos sectores, pero que hoy es anhelada por quienes condenan el caos actual y piden el retorno de la cordura urbana.
Entre los indicadores de este declive se encuentran los estacionamientos en doble columna que colapsan el tránsito vehicular, la invasión de parterres y áreas verdes por parte del mercado informal, y la proliferación descontrolada de triciclos y carretas en las vías. A esto se suma el desaseo generalizado provocado por la movilización desordenada de la basura y el tránsito libre, sin reglas claras, de motocicletas y taxi-motos.
Finalmente, el panorama se agrava con la crisis de seguridad. Guayaquil ha sido ubicada entre las diez ciudades más peligrosas del mundo por organizaciones no gubernamentales que miden la violencia. Esta situación es el resultado directo de la guerra territorial impuesta por bandas de crimen organizado que utilizan la geografía urbana para sus operaciones de narconegocio. Ante este escenario de inseguridad y desorden, la ciudadanía ve en el relevo electoral programado para finales de noviembre una oportunidad necesaria para corregir el rumbo de la ciudad y recuperar la autoridad perdida.
