Una grave alerta sobre la custodia de información sensible y la gestión de los derechos humanos ha sido planteada a través de una denuncia pública realizada por Daniela Aceituno Silva. La situación pone de relieve una preocupante vulneración a la privacidad de personas que figuran en la nómina Valech II, específicamente aquellos reconocidos como ex presos políticos y víctimas de tortura, cuyos datos de contacto estarían siendo utilizados por entidades privadas para fines comerciales.
El hecho detonante de esta denuncia fue una llamada telefónica recibida por la madre de la autora. El contacto fue realizado por un estudio privado de abogados, quienes ofrecieron sus servicios profesionales bajo la promesa de facilitar el acceso a la justicia. Esta oferta se basaba directamente en la información de que el padre de la denunciante se encuentra registrado en la nómina Valech II. Este suceso ha abierto un interrogante crítico sobre cómo es posible que intermediarios privados accedan a bases de datos que contienen información de contacto privada, la cual fue entregada originalmente al Estado bajo estrictos protocolos de confidencialidad.
La denunciante enfatiza que, si bien el carácter de algunas nóminas puede ser público, la filtración de datos de contacto personales hacia terceros constituye una irregularidad alarmante. Desde la perspectiva de Aceituno Silva, este hecho no representa únicamente una falla administrativa, sino una vulneración directa a la Ley de Protección de la Vida Privada. La preocupación radica en el origen de estos datos y en la facilidad con la que estudios jurídicos privados pueden alcanzar a familias que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Más allá de la filtración de datos, la denuncia apunta a un problema estructural: el abandono estatal. Según el texto, existe una ausencia de una política pública de reparación que sea permanente, integral y, sobre todo, gratuita. Esta carencia ha generado lo que la autora describe como un vacío institucional. En este escenario, el acceso a la justicia, que debería ser un derecho garantizado por el Estado, se ha transformado en un nicho de mercado.
La crítica es severa respecto al rol de los profesionales que aprovechan estas circunstancias. Se sostiene que el vacío dejado por las instituciones es llenado por el lucro profesional de quienes ven en el dolor ajeno una oportunidad de negocio. Esta dinámica, según la denuncia, provoca una revictimización de las familias, quienes ya han cargado durante décadas con el peso emocional y social de la historia y las torturas sufridas por sus seres queridos.
El argumento central es que la justicia y la reparación no pueden estar sujetas a las reglas del mercado. La autora sostiene que el Estado tiene la obligación, tanto ética como legal, de garantizar que la reparación integral de las víctimas se realice sin la interferencia de intermediarios interesados en obtener un beneficio económico. La transformación de la búsqueda de justicia en un servicio remunerado ofrecido por terceros que acceden ilegalmente a datos sensibles es vista como una muestra de la precariedad del sistema de protección a las víctimas.
Finalmente, se hace un llamado urgente a las autoridades para que se inicie una investigación exhaustiva sobre la filtración de estos antecedentes. La demanda es clara: la memoria y la reparación de las víctimas de tortura no deben ser espacios de omisión estatal donde el mercado imponga sus reglas. La exigencia es que se restablezca la confidencialidad de los datos y que el Estado asuma su responsabilidad en la reparación sin que las familias deban recurrir a servicios privados para acceder a sus derechos básicos de justicia.
