El filósofo Ricardo L. Falla Carrillo, jefe del Departamento de Filosofía y Teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sostiene que la vigencia de la obra Política de Aristóteles no se limita a su peso histórico en la filosofía occidental, sino que posee una capacidad actual para diagnosticar las patologías del poder. Según el autor, el gobierno de una ciudad no debe definirse únicamente por quién ostenta el mando, sino por el fin que persigue y su sujeción a las normas establecidas.
En el análisis de los regímenes, Aristóteles identifica a la república o politeia como la forma correcta de gobierno. En este sistema, el cuerpo ciudadano gobierna buscando el bien común y equilibrando las tensiones sociales bajo el imperio de la ley. No obstante, el filósofo advierte sobre la degradación de este modelo hacia lo que denomina democracia radical o extremada. En esta versión deformada, el principio de igualdad se pervierte, transformándose en una licencia donde la voluntad de la multitud, impulsada por intereses particulares, se impone sobre la constitución.
El motor principal de esta degeneración es la figura del demagogo. Falla Carrillo resalta una analogía de Aristóteles: así como el adulador lo es para el tirano, el demagogo lo es para el pueblo en una democracia radical. La función del demagogo es erosionar la autoridad de las leyes para trasladar la soberanía a decretos volubles de la asamblea, apelando a las pasiones de las masas en lugar de utilizar la razón deliberativa. Bajo este esquema, la ley deja de ser un marco de convivencia previsible para convertirse en un obstáculo que el líder o la mayoría deciden sortear, transformando al ciudadano en un simple seguidor y la deliberación en un espectáculo de retórica vacía.
Cuando la política se reduce a la movilización de resentimientos y promesas irrealizables, el espacio público pierde su contenido ético. Esto da lugar a una estructura donde el poder se ejerce sin contrapesos, bajo una apariencia de legitimidad popular que, en esencia, resulta profundamente autoritaria.
Esta advertencia encuentra un eco dramático en el escenario político peruano de los últimos años. Según Falla Carrillo, el Perú no enfrenta una democracia vibrante, sino una dictadura de la mayoría, caracterizada por demagogos que buscan desmantelar la arquitectura institucional del país. El discurso demagógico ha logrado que diversos sectores de la población acepten la captura de organismos autónomos o el debilitamiento de la separación de poderes, interpretando estos actos como necesidades del momento o actos de justicia popular.
Aristóteles ya señalaba que en la democracia radical la ciudad se divide en facciones enfrentadas y el interés general desaparece. En la actualidad, la fragmentación social en el Perú constituye el caldo de cultivo ideal para que esta dictadura mayoritaria actúe con impunidad, basándose en una interpretación simplista de la democracia que confunde el capricho de quienes controlan transitoriamente el Estado con la voluntad general.
Esta situación evidencia una crisis de la isonomía, entendida como la igualdad ante la ley. En la práctica peruana, las mayorías parlamentarias o gubernamentales suelen operar bajo la premisa de que su mandato las exime de rendir cuentas o de respetar los procedimientos técnicos y a las minorías. Este fenómeno es precisamente el temor de Aristóteles: un régimen donde el poder no tiene límites porque se percibe a sí mismo como la única encarnación de la justicia.
La consecuencia directa es una inseguridad jurídica y política crónica que impide el desarrollo de cualquier proyecto de nación a largo plazo. La demagogia local, que oscila entre la protección de economías ilegales y el populismo punitivo, ha provocado que la ciudadanía perciba a las instituciones no como garantías de libertad, sino como botines de guerra o herramientas de persecución. En consecuencia, la república se desvanece, dejando una democracia nominal que sirve de fachada para una gestión excluyente y patrimonialista del poder.
Para revertir este proceso, Falla Carrillo propone retomar la solución aristotélica: fortalecer el gobierno medio y rescatar el imperio de la ley. Recuperar la república implica comprender que la política no consiste en aplastar al adversario mediante la fuerza del número, sino en el arte de la convivencia entre desiguales bajo normas comunes. Es fundamental denunciar la impostura del demagogo y reconstruir una cultura política que valore la estabilidad institucional y la prudencia (phronesis) por encima del ruido de las mayorías momentáneas. De lo contrario, el Perú seguirá atrapado en un ciclo de degradación donde la democracia, lejos de ser una herramienta de liberación, se convierta en el medio para la propia servidumbre.
