En un remoto centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de California, los compañeros de celda de Jose Guadalupe Ramos fueron testigos de una agonía desesperada. Ramos, un hombre de 52 años que residió en Estados Unidos durante casi tres décadas, comenzó a presentar graves dificultades para respirar; su piel se tornó morada y sus ojos se replegaron hacia atrás. Marco Martinez, quien dormía en la litera contigua, relata que, a pesar de los gritos de auxilio de los detenidos, el personal médico tardó diez minutos en responder. Cuando finalmente llegaron, las enfermeras lucharon sin éxito contra un tanque de oxígeno que no funcionaba. Ramos fue declarado muerto poco después del incidente ocurrido el 25 de marzo.
La muerte de Ramos no es un caso aislado, sino parte de una tendencia alarmante. Desde el regreso del presidente Donald Trump al cargo y el impulso de deportaciones masivas, casi 50 detenidos han fallecido bajo custodia de ICE. Las estadísticas revelan que en 2025 murieron más personas que en cualquier otro año en al menos dos décadas, y las proyecciones para 2026 sugieren que la cifra podría ser aún mayor. Una investigación de CNN indica que muchas de estas muertes eran prevenibles, vinculando los desenlaces fatales a un tratamiento médico deficiente y a la falta de personal en instalaciones que enfrentan un aumento constante de la población detenida.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus contratistas, como GEO Group y CoreCivic, han mantenido una postura opaca sobre la atención médica, negándose a divulgar el número de profesionales disponibles. No obstante, un informe exclusivo de la oficina del fiscal general de California ha arrojado luz sobre el centro de procesamiento de Adelanto. El documento señala que, mientras en julio de 2025 la instalación albergaba a más de 2.000 detenidos, contaba con menos médicos y profesionales avanzados que en febrero de 2021, cuando la población era inferior a 100 personas. En otros centros del estado, los inspectores describieron una falta de personal médico a nivel de crisis y la omisión de evaluaciones requeridas para personas con afecciones crónicas.
Este deterioro se ha visto agravado por cambios en las políticas del DHS. Una directiva actual desalienta la liberación temprana de detenidos ancianos y enfermos, revirtiendo memorandos de las administraciones Obama y Biden que limitaban la detención de personas en condiciones extraordinarias de salud. Ahora, la liberación de un detenido requiere la aprobación directa del director de la agencia, lo que ha resultado en una población detenida significativamente más envejecida y enferma. Los datos muestran que en el primer año del segundo mandato de Trump ingresaron unas 2.500 personas de 65 años o más, comparado con las 800 registradas en el último año de la gestión Biden.
La investigación de CNN, basada en informes forenses y entrevistas, identificó al menos una docena de muertes potencialmente evitables. Entre ellas destaca la de Huabing Xie, quien murió de un ataque cardíaco masivo días después de que el personal médico tardara 11 días en recetarle medicación para la hipertensión. Otro caso es el de Maksym Chernyak, un ucraniano que sufrió un derrame cerebral; mientras ICE informó que no tenía antecedentes médicos, la autopsia reveló que padecía hipertensión y tomaba medicamentos preventivos que no fueron administrados en detención. Asimismo, Emmanuel Damas murió de shock séptico tras una infección dental que, según testimonios, fue tratada únicamente con ibuprofeno durante dos semanas.
Ante estas denuncias, el DHS sostiene que los centros no están superpoblados y que brindan una atención superior a la de muchas prisiones para ciudadanos estadounidenses, argumentando que la detención es una elección derivada de la decisión de no autodeportarse. Por su parte, GEO Group y CoreCivic aseguran cumplir con todas las normas federales y ofrecer acceso médico las 24 horas.
Sin embargo, expertos advierten que el riesgo seguirá aumentando. Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de ICE, señala que llenar las instalaciones por encima de su capacidad exacerba los problemas sistémicos. Con la adquisición de nuevos almacenes para convertirlos en centros de procesamiento, la representante Delia Ramirez ha advertido sobre la posibilidad de que miles de personas queden almacenadas en condiciones inhumanas y sin atención médica adecuada, exigiendo investigaciones independientes y mayor transparencia. Mientras tanto, la viuda de Ramos, Antonia Tovar, clama por justicia para un hombre que, según ella, no merecía morir en esas circunstancias.
