La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), en conjunto con sus nueve asociaciones afiliadas, ha manifestado su más enérgico rechazo y condena ante la creciente escalada de violencia que se está registrando en la ciudad de La Paz. Esta postura se suma a los pronunciamientos de protesta emitidos por la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMPLP), quienes también han expresado su repudio a las agresiones físicas y verbales perpetradas contra los trabajadores de la prensa que cumplen su labor informativa en el contexto de diversas movilizaciones sociales.
A través de un comunicado, las organizaciones periodísticas han exigido a las autoridades del Gobierno nacional que atiendan con urgencia las causas profundas de los problemas sociales actuales. Asimismo, demandan que se impulse el cese inmediato de todas aquellas condiciones que generan violencia, señalando que estas situaciones afectan a la población boliviana en general, pero con un impacto especialmente crítico en el departamento de La Paz.
Dentro de los hechos denunciados, las organizaciones manifestaron su solidaridad con un periodista del Grupo Fides, quien fue interceptado y golpeado por un grupo de cooperativistas mineros mientras realizaba la cobertura de las protestas el pasado jueves. De igual manera, los gremios exigen justicia para un colega de la red Gigavisión, quien resultó herido en el rostro debido al impacto de una granada policial durante la cobertura de un ataque llevado a cabo por maestros contra el Ministerio de Educación.
La violencia contra la prensa también se ha extendido a la ciudad de El Alto. El miércoles 13, un corresponsal y un equipo de una red privada de televisión fueron atacados por campesinos utilizando hondas y piedras, siendo posteriormente expulsados del lugar. Previamente, el martes 12 de mayo, la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) registró que una mujer, quien portaba símbolos de dirigente originaria campesina, asestó golpes en la cabeza a un camarógrafo de la red privada de televisión Unitel, también en la zona de El Alto.
Los ataques no se han limitado al eje de La Paz y El Alto. En Santa Cruz de la Sierra, la periodista Jeruslava Ojeda, perteneciente a la cadena de televisión F10, sufrió lesiones graves que actualmente le impiden caminar. Este incidente ocurrió el 12 de mayo en la Plaza 24 de Septiembre, mientras la profesional registraba una pelea entre un seguidor del expresidente Evo Morales y un dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
La situación general es alarmante. Según los datos proporcionados, en el año 2025 se han registrado ya 52 agresiones contra periodistas en Bolivia. Lo más crítico de esta cifra es que, hasta la fecha, ningún responsable de estos ataques ha sido procesado ni sancionado por las autoridades competentes. Ante esta escalada sistemática de ataques, que incluye no solo agresiones físicas sino también estigmatizaciones y el uso de calificativos degradantes como la etiqueta de prensa vendida, la ANPB y las nueve asociaciones departamentales exigen que se brinden garantías reales para el ejercicio de la labor informativa.
En el cierre de su pronunciamiento, los gremios fueron enfáticos al señalar que no solicitan privilegios, sino seguridad efectiva para los periodistas que deben trabajar en zonas de conflicto. Demandan una investigación inmediata que permita identificar y procesar legalmente a los agresores. Finalmente, recordaron al Estado boliviano que proteger el periodismo libre no es una acción opcional, sino un deber constitucional y el sostén fundamental de la democracia, sentenciando que no puede haber más impunidad en los ataques a la prensa.
