En una jornada extensa y marcada por intensos debates, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, bajo la conducción del diputado Agustín Romero (REP), finalizó la votación de la Ley Miscelánea de Reconstrucción Nacional. La sesión, que se extendió hasta la medianoche, culminó con el cierre del debate y una votación artículo por artículo del megaproyecto, siguiendo el anuncio previo del presidente de la comisión, quien llamó a votar la reforma sin intervenciones adicionales una vez tocada la campana.
El clima durante la sesión fue caldeado, reflejando las profundas diferencias políticas entre los sectores. Uno de los momentos de mayor tensión se produjo durante la votación del impuesto de primera categoría, donde se generó un debate álgido entre los diputados de la oposición y el presidente Agustín Romero, quien mantuvo la discusión incluso fuera del recinto.
Dentro de los puntos más relevantes aprobados, destaca el artículo 1, que fue ratificado por unanimidad. Esta medida contempla un incremento significativo del Fondo de Emergencia por Incendios, el cual pasa de 800 mil a 1.200 mil millones de pesos. Además, el alcance de este fondo se amplía para beneficiar a las regiones de Ñuble y Bío Bío, sumándose a la ya incluida región de Valparaíso. En una línea similar, el artículo 2 fue aprobado, permitiendo que los municipios eximan del pago de derechos de urbanización y construcción a aquellos proyectos destinados a la reconstrucción en Ñuble, Bío Bío y Valparaíso.
En materia económica y tributaria, la comisión aprobó la focalización del crédito tributario para las Pymes. Bajo este nuevo esquema, la tasa base se fija en un 14%, pero podrá subir al 15% en casos de contratación de mujeres o bajar al 13% si se contratan hombres, sumando además un 1,5% adicional por la contratación de trabajadores menores de 25 años. Asimismo, se aprobó la rebaja del impuesto corporativo para las grandes empresas, reduciéndolo del 27% al 23%, y se eliminó el impuesto a las ganancias de capital bursátiles. Esta última medida contó con 8 votos a favor (PNL, REP, UDI, RN y PDG), una abstención de la DC y 3 votos en contra (PPD, FA y PC).
En cuanto a beneficios sociales, se aprobó el artículo 12, el cual exime del pago de contribuciones a los adultos mayores de 65 años en su vivienda principal, incluyendo las bodegas y estacionamientos asociados a la propiedad. También se aprobó el artículo 11, que elimina la reintegración del 35% que debían pagar los dueños de grandes empresas al momento de distribuir utilidades, medida que contó con el respaldo del oficialismo y el PDG, mientras que el FA, IND-PPD y PC votaron en contra.
El proyecto también trajo cambios administrativos y ambientales. El artículo 5, aprobado por una amplia mayoría (PNL, REP, UDI, RN, IND-PPD, DC y PDG), reduce el plazo para invalidar autorizaciones sectoriales de dos años a seis meses, contando solo con el rechazo del PC y FA. El artículo 6 permitió que las relocalizaciones de concesiones de acuicultura por ajustes cartográficos queden eximidas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Respecto al SEIA, el artículo 13 fue aprobado con 8 votos a favor, limitando nuevas evaluaciones en proyectos ya aprobados y creando una tramitación acelerada voluntaria, aunque este punto será revisado posteriormente por la Comisión de Medio Ambiente. Complementariamente, los artículos 19 y 20 limitaron las medidas cautelares contra proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a 30 días renovables y excluyeron la RCA de reclamaciones ante Tribunales Ambientales.
Sin embargo, la megarreforma sufrió varios rechazos notables. El artículo 4, que buscaba actualizar las normas de probidad y transparencia en contratos de obras públicas y concesiones para evitar la contratación de parientes de funcionarios del MOP, fue rechazado. A favor votaron Republicanos y DC, mientras que la oposición y RN votaron en contra y la UDI se abstuvo. De igual forma, el artículo 8, que proponía una excepción al derecho de autor para la minería de datos e inteligencia artificial, no prosperó, siendo rechazado por la oposición y RN.
Finalmente, el Ejecutivo sufrió derrotas significativas en los artículos 26 y 27 debido a los votos de Renovación Nacional. Se rechazó la derogación de la franquicia tributaria Sence, así como la modificación que eliminaba el uso de dicha franquicia para financiar la certificación de competencias laborales, manteniendo así el sistema de financiamiento vigente.
