En un movimiento que marca una ruptura significativa dentro del espectro político y sectorial, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados rechazó la propuesta del Ejecutivo contenida en el artículo 8 de una megarreforma. Esta normativa buscaba introducir modificaciones profundas a la Ley de Propiedad Intelectual, permitiendo que los sistemas de inteligencia artificial (IA) pudieran utilizar, reproducir y entrenarse con obras protegidas —incluyendo textos, música e imágenes— sin la necesidad de contar con la autorización previa de los autores ni realizar el pago de remuneraciones correspondientes.
La controversia se centró en la tensión entre el fomento al desarrollo tecnológico y la protección de los derechos de creación. El diputado Diego Schalper (RN) emergió como una de las voces más críticas, calificando la iniciativa como un "cheque en blanco" que el gobierno pretendía obtener. Schalper argumentó que establecer legalmente la posibilidad de apropiarse de la creación ajena, especialmente bajo una modalidad sin remuneración ni contraprestación, representaba un debilitamiento de los principios fundamentales de propiedad y libertad.
Para comprender la magnitud del conflicto, es necesario analizar el texto original propuesto por el Gobierno. La norma señalaba explícitamente que sería lícito, sin requerir remuneración ni autorización del titular, cualquier acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público de una obra que estuviera lícitamente publicada. Esta excepción aplicaría siempre y cuando el acto se realizara exclusivamente para fines de extracción, comparación, clasificación o análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido, imagen, u otros elementos componentes de un gran volumen de datos, siempre que no se configurara una explotación encubierta de las obras protegidas.
Ante la resistencia, el Ejecutivo intentó salvar la propuesta mediante la introducción de una indicación. Esta nueva medida proponía la creación de un Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual. Este fondo estaría destinado a financiar un programa fiscal con un presupuesto mínimo anual equivalente a 70 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), cuyo objetivo sería promover el respeto y la observancia de los derechos de propiedad intelectual, además de fomentar la creación protegida por ley.
Desde el Ministerio de Ciencia se defendió esta herramienta, argumentando que era habilitante para el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile. Los representantes del Gobierno sostuvieron que los modelos de IA actuales requieren volúmenes masivos de datos para su entrenamiento y que la legislación vigente padecía de una "ambigüedad legal" que entorpecía dicho proceso técnico.
Sin embargo, esta propuesta de fondo no logró convencer a los gremios. Tanto la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) como diversos gremios de creadores criticaron duramente la indicación, asegurando que no resolvía los problemas estructurales de la iniciativa original y que, en ciertos aspectos, resultaba incluso más perjudicial que la propuesta inicial.
El desenlace ocurrió en la Comisión de Hacienda, donde la propuesta original fue derrotada con siete votos en contra frente a cinco a favor. Los votos contrarios fueron emitidos por los diputados Barrera (PC), Bianchi (Independiente), Brito (FA), Castillo (DC), Durn (RN), Schalper (RN) y Waisse (UDI). Por su parte, votaron a favor Coloma (UDI), Karlezi (Nacional Libertario) y los republicanos Meza, Ugarte y Romero. El diputado Juan Valenzuela (PDG) optó por la abstención.
La suerte de la indicación sobre el Fondo de Propiedad Intelectual fue similar. La propuesta fue rechazada tras registrar seis votos en contra (Barrera, Bianchi, Brito, Castillo, Duran y Schalper) y seis votos a favor (Coloma, Waiss, Karlezi, Meza, Ugarte y Romero), manteniendo la abstención del diputado Valenzuela.
El resultado fue celebrado por Rodrigo Osorio, presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) y vocalista de Sinergia. Osorio agradeció la postura de los parlamentarios de diversas tendencias que hicieron visible la urgencia del problema, aunque advirtió que la lucha no ha terminado, ya que el gobierno posee la facultad de reponer el artículo.
El futuro de esta normativa queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá decidir si insiste en reponer la iniciativa en la Sala de la Cámara o si optará por presentar una nueva moción durante el proceso de tramitación en el Senado.
