Bolivia se encamina hacia el proceso electoral de 2025 en una situación económica crítica, llegando a las urnas en un estado que se describe como quebrado y destruido. Este escenario es el resultado directo de lo que se define como dos gestiones de desgobierno, las cuales han dejado al país en una posición de extrema vulnerabilidad financiera y social justo antes de la definición de su próximo rumbo político.
Uno de los indicadores más alarmantes de este deterioro es la inflación, que ha alcanzado el 20%. Este incremento en los precios refleja una inestabilidad monetaria que afecta la estructura económica del país, evidenciando el impacto del desgobierno mencionado. Una inflación de este nivel implica una pérdida del poder adquisitivo y una presión constante sobre la economía interna, factores que configuran el entorno en el que se desarrollarán las elecciones de 2025. La cifra del 20% no es solo un dato estadístico, sino la manifestación de una economía que ha sido llevada al límite.
A este problema se suma la situación de las reservas internacionales, las cuales se encuentran casi vacías. La ausencia de reservas suficientes deja al Estado sin el respaldo necesario para enfrentar choques externos o garantizar la estabilidad de su moneda, lo que profundiza la sensación de que el país ha llegado quebrado a este periodo electoral. La falta de liquidez en las reservas es un síntoma claro de la gestión económica de los últimos dos periodos, consolidando la imagen de una nación destruida financieramente.
En el ámbito internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha desempeñado un rol de observador crítico, emitiendo advertencias precisas sobre la trayectoria del país. El organismo ya ha señalado que la situación económica de Bolivia es insostenible. Esta advertencia del FMI valida la gravedad de los indicadores internos, confirmando que el modelo de gestión aplicado durante las dos gestiones previas ha llevado al país a un punto de ruptura donde las condiciones actuales no permiten mantener la estabilidad.
El concepto de desgobierno es central para entender cómo Bolivia llegó a este estado. Dos gestiones marcadas por la falta de dirección eficiente han convergido en un colapso que se manifiesta en tres ejes principales: el alza de precios, el agotamiento de los ahorros estatales y la condena técnica de los organismos internacionales. La combinación de una inflación del 20%, reservas inexistentes y el diagnóstico de insostenibilidad del FMI crea un marco de crisis profunda para los votantes de 2025.
El hecho de que el país llegue destruido a las urnas implica que el proceso electoral no se llevará a cabo en condiciones de normalidad económica, sino bajo la sombra de una quiebra técnica. La situación insostenible advertida por el FMI sugiere que cualquier transición política deberá lidiar con una base económica devastada. La realidad de las reservas casi vacías limita drásticamente el margen de maniobra del Estado, mientras que la inflación continúa erosionando la estabilidad.
En resumen, Bolivia enfrenta las elecciones de 2025 marcada por el legado de dos gestiones de desgobierno. La conjunción de una inflación al 20%, la ausencia de reservas y el aviso de insostenibilidad del FMI definen la situación de un país que llega quebrado a las urnas. El panorama es el de una nación cuya estructura económica ha sido destruida, dejando un escenario complejo para el futuro gobierno que resulte de los comicios.
