La gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se encuentra bajo un intenso escrutinio debido a una serie de decisiones y controversias que, según diversos análisis, evidencian una falta de comprensión de sus funciones fundamentales y un debilitamiento de la estrategia de seguridad del Gobierno. Esta situación ocurre en un contexto crítico, considerando que el presidente José Antonio Kast basó gran parte de su capital político y su campaña presidencial en la premisa de que Chile atravesaba una espiral de violencia e inseguridad que solo él podría detener. Durante su franja electoral, el mandatario utilizó relatos de víctimas de crímenes violentos para prometer que los ciudadanos recuperarían el derecho a vivir sin miedo y que la tranquilidad retornaría al país. Sin embargo, los resultados actuales sugieren que dicha promesa no se está cumpliendo.
Trinidad Steinert, abogada y exfiscal del Ministerio Público, fue seleccionada para liderar este desafío basándose en su perfil técnico y no político. No obstante, los acontecimientos recientes indican que este perfil podría no ser el adecuado para las exigencias del cargo. El debut de Steinert como autoridad estuvo marcado por la polémica salida de Consuelo Peña, quien se desempeñaba como subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI). Este episodio puso de relieve una tensión institucional grave, ya que las Fuerzas de Orden y Seguridad, tanto Carabineros como la PDI, poseen una naturaleza técnica y no deliberante. Existe una frontera clara que separa la operatividad policial de las decisiones políticas, una independencia que el Gobierno debe proteger. La ministra Steinert habría vulnerado este principio al solicitar la remoción de la subdirectora Peña, una acción que, además, no formaba parte de sus atribuciones legales. Ante la controversia, el director de la PDI tuvo que intervenir públicamente para respaldar a la ministra, asegurando que la decisión de remover a Peña había sido suya.
A este conflicto se suma la degradación de las capacidades internas del Ministerio de Seguridad, específicamente en las áreas de análisis, información y coordinación. Bajo la administración de Steinert, se decidió disolver la Unidad Estratégica del Ministerio, una instancia creada por el ministro anterior, Luis Cordero. El objetivo de dicha unidad era integrar la información proveniente de diversas instituciones, incluyendo a Carabineros, la PDI, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Aduanas, con el fin de reducir inconsistencias y generar una visión sistémica de la seguridad. Aunque la ministra justificó la disolución argumentando que las funciones ya eran realizadas por otras unidades, la exministra Carolina Tohá señaló que esta decisión fue contraria a todas las recomendaciones de los expertos. Este hecho es visto como un ejemplo de cómo la titular de Seguridad ha contribuido a desmembrar el rol articulador del ministerio en lugar de fortalecerlo.
En el plano personal y ético, ha surgido una situación grave respecto a la participación de la ministra en una sociedad profesional junto a un abogado, quien es su expareja y padre de sus hijos. Este abogado figura en la lista de la Contraloría de quienes han defendido a narcotraficantes. Steinert intentó justificar este vínculo señalando que la sociedad profesional nunca tuvo movimientos financieros, afirmación que, según los datos disponibles, resultaría falsa.
Finalmente, se plantea que la ministra Steinert no ha logrado diferenciar su rol previo como fiscal, centrado en la persecución, de su rol actual como ministra, que debe ser político y organizador. Su tarea no es competir por protagonismo con fiscales o policías, sino generar coordinación frente a la fragmentación y evaluación estratégica frente a los simples anuncios. La crítica más severa apunta a que La Moneda carece de un plan de seguridad real, limitándose a ejecutar acciones superficiales o "pirotecnia menor". En consecuencia, el Gobierno que prometió recuperar la tranquilidad parece haber perdido el control de su propia agenda de seguridad, dejando al Presidente en una posición de vulnerabilidad institucional.
