El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha tomado una decisión determinante en relación con uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos tiempos. A través de un pronunciamiento oficial, el magistrado dispuso que no existe mérito suficiente para formular una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Patricia Benavides, ni contra los diversos congresistas que se encontraban implicados en las investigaciones del denominado caso Valkiria. Esta resolución pone fin a una serie de indagaciones que buscaban determinar la existencia de coordinaciones irregulares en las altas esferas del Ministerio Público y el Poder Legislativo.
El fundamento legal de esta decisión se encuentra plasmado en la disposición N°88, emitida con fecha 11 de mayo de 2026. Mediante este documento, Tomás Gálvez ordenó el archivo definitivo de la investigación preliminar que había sido abierta originalmente en enero de 2024 contra quien fuera la entonces fiscal de la Nación. Con esta medida, la fiscalía cierra la etapa de indagación respecto a los cargos que pesaban sobre Benavides, determinando que no se han reunido los elementos necesarios para proceder con una acción constitucional.
La resolución fiscal no se limita únicamente a la ex fiscal de la Nación, sino que extiende el archivo a varios parlamentarios que estaban bajo la lupa de la justicia. Entre ellos se encuentran Patricia Chirinos, Alejandro Soto y Martha Moyano. En el caso específico de la congresista Patricia Chirinos, el fiscal Gálvez señaló que no existe fundamento sólido para presentar cargos por el delito de cohecho pasivo propio. De manera similar, respecto a la parlamentaria Martha Moyano, la fiscalía concluyó que no hay bases para sostener una imputación por tráfico de influencias agravado.
En cuanto al legislador Alejandro Soto Reyes, la disposición fiscal descartó la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y cohecho activo específico, eliminando así cualquier responsabilidad penal en el marco de este proceso. Asimismo, la resolución alcanzó a Guillermo Santiago Thornberry Villarán, exintegrante de la Junta Nacional de Justicia, sobre quien se realizaba una investigación por la presunta comisión del delito de negociación incompatible. Para Thornberry Villarán, el proceso también ha sido archivado definitivamente.
El alcance del cierre de este caso es amplio, ya que la disposición también archiva las investigaciones que se seguían contra un extenso grupo de personas. Entre los beneficiados por esta decisión se encuentran Marco Huamán y los legisladores Katy Ugarte, Edgar Tello, Germán Tacuri, Luis Cordero Jon Tay, José Williams, Luis Aragón, José Jerí, Illich López, César Revilla y Jorge Luis Flores. Incluso el proceso contra el prófugo Vladimir Cerrón ha sido incluido en este archivo general, cerrando así el círculo de implicados en el expediente.
Uno de los puntos más relevantes de la argumentación del fiscal de la Nación es la determinación sobre la inexistencia de una organización criminal. Gálvez determinó que no se logró acreditar que Patricia Benavides liderara una estructura de este tipo. Según la disposición, los hechos investigados no cumplen con los requisitos técnicos y legales para ser tipificados como organización criminal, ya que carecen de una estructura compleja y, fundamentalmente, no se evidenció la finalidad económica que es exigida por la Ley 32108.
Además, el fiscal argumentó que las conductas que se imputaban a los involucrados, tales como la emisión de dictámenes o la realización de propuestas de personal, se encuentran estrictamente alineadas con sus facultades institucionales. El documento resalta que el ejercicio regular de las competencias inherentes a sus cargos no puede ser interpretado como una orientación hacia fines ilícitos, subrayando que actuar dentro de las atribuciones legales no constituye un delito.
Finalmente, la resolución fiscal hace hincapié en la fragilidad de las pruebas. Señala que la investigación se basó mayoritariamente en las declaraciones proporcionadas por el exasesor Jaime Villanueva Barreto. No obstante, el Ministerio Público concluyó que dichos testimonios no cuentan con elementos de convicción objetivos ni pruebas periféricas que permitan corroborar de manera fehaciente la existencia de una actividad delictiva. El caso Valkiria, que investigaba presuntas coordinaciones para impedir la destitución de Benavides y promover el archivo de denuncias contra congresistas, queda así cerrado en sede penal para todos los funcionarios y magistrados involucrados.
