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Fiscal pide cárcel para candidato presidencial Roberto Sánchez en Perú

Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, está acusado de supuestamente haber desviado fondos de su partido político a cuentas personales. El fiscal pide una pena de 5 años y 4 meses de cárcel.

Fiscal pide cárcel para candidato presidencial Roberto Sánchez en Perú

En un giro determinante para el panorama político de Perú, un fiscal ha solicitado formalmente una pena privativa de la libertad de cinco años y cuatro meses de cárcel contra Roberto Sánchez, candidato presidencial representante de la izquierda. Esta solicitud judicial surge en un momento crítico, justo cuando el escrutinio electoral ha confirmado que Sánchez se disputará la presidencia de la República en una segunda vuelta electoral frente a la candidata derechista Keiko Fujimori.

La solicitud de prisión se fundamenta en una serie de cargos graves relacionados con la gestión financiera y administrativa del movimiento político Juntos por el Perú, organización que el propio Roberto Sánchez lidera. Según la tesis fiscal, el candidato habría incurrido en los delitos de falsa declaración administrativa y falsa información financiera de partidos políticos. La acusación central sostiene que Sánchez presuntamente llevó a cabo un desvío de fondos pertenecientes a la agrupación política hacia cuentas bancarias personales, vulnerando así las normativas que regulan el financiamiento y la transparencia de las organizaciones políticas en el país.

El documento que contiene este pedido de condena es una resolución acusatoria emitida por el fiscal el pasado 15 de enero. A pesar de que la resolución fue redactada hace varios meses, su contenido se mantuvo en reserva y no trascendió al espacio público hasta el pasado martes. Fue en esa fecha cuando diversos medios de comunicación nacionales tuvieron acceso a la información, revelando que el candidato a la presidencia enfrenta un proceso judicial que podría comprometer seriamente su futuro político y personal.

Además de la solicitud de pena carcelaria, la acusación presentada por el Ministerio Público incluye un pedido de inhabilitación política. Esta medida es particularmente sensible dado el calendario electoral, ya que de concretarse, impediría que el líder de Juntos por el Perú pueda ejercer cargos públicos o mantener su candidatura. La formalización de esta acusación está programada para llevarse a cabo en una audiencia judicial el próximo miércoles 27 de mayo.

La temporalidad de este proceso judicial genera una tensión considerable en el proceso electoral peruano. La audiencia de formalización del 27 de mayo ocurrirá apenas poco más de dos semanas antes de la celebración de la segunda vuelta electoral, la cual ha sido convocada para el domingo 7 de junio. Esta coincidencia sitúa el desenlace legal de la acusación en el periodo más crítico de la campaña presidencial, donde la figura de Sánchez se enfrenta a Keiko Fujimori en una polarización ideológica entre la izquierda y la derecha.

Ante la difusión de estas noticias, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha emitido declaraciones para precisar el estado actual del proceso. Gálvez enfatizó que Roberto Sánchez se encuentra actualmente beneficiado por la presunción de inocencia. El fiscal de la Nación aclaró que la denuncia fiscal se centra específicamente en los aportes recibidos por el partido Juntos por el Perú durante los años 2020 y 2021.

Asimismo, Tomás Gálvez aseguró que la investigación por la presunta falsa declaración y el falseamiento de información relativa a los aportes financieros del partido sigue su curso normal y sin ningún tipo de inconveniente. Con estas palabras, el representante del Ministerio Público busca subrayar que, aunque existe una solicitud de pena y una acusación formal, el proceso debe seguir los cauces legales correspondientes hasta que se dicte una sentencia definitiva.

En resumen, el escenario para Roberto Sánchez es complejo. Por un lado, se prepara para la batalla final por la presidencia de Perú el 7 de junio, mientras que, por el otro, debe enfrentar una audiencia judicial el 27 de mayo donde se formalizará una acusación que pide más de cinco años de prisión y su inhabilitación política debido al presunto desvío de fondos de su propio partido hacia cuentas personales. El proceso judicial, que comenzó con una resolución en enero, se ha convertido ahora en un elemento central del debate público en vísperas de la elección final.

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