El malestar de los demócratas hacia la Corte Suprema de Estados Unidos ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad desde que el tribunal adquirió una mayoría conservadora de 6-3 en el año 2020. Si bien la tensión ya era evidente tras la anulación de Roe vs. Wade en 2022 y la concesión de una amplia inmunidad presidencial a Donald Trump en 2024, la retórica del partido ha dado un giro más agresivo recientemente. El detonante han sido una serie de fallos que permitieron a estados conservadores del sur eliminar distritos de mayoría negra, una maniobra que los republicanos utilizan para intentar preservar su mayoría en la Cámara de Representantes.
En este nuevo escenario, los demócratas ya no se limitan a criticar las decisiones judiciales; ahora cuestionan abiertamente la legitimidad de la institución. El tribunal ha sido calificado de corrupto, descrito como una entidad abiertamente política y se ha advertido que quedará marcada de forma infame en la historia. Para los demócratas, este argumento es justo y válido dado que las decisiones recientes han beneficiado claramente al Partido Republicano. No obstante, persiste la duda sobre si esta estrategia es políticamente ganadora, ya que corre el riesgo de deslegitimar una rama fundamental del Gobierno, siguiendo un camino similar a la retórica empleada por Donald Trump contra los jueces.
Varios líderes destacados del partido han lanzado declaraciones contundentes, sugiriendo que buscan presionar al tribunal o utilizar el descontento como herramienta de campaña. El senador Ruben Gallego, quien es visto como un posible aspirante presidencial para 2028, afirmó que la Corte Suprema está manipulada y la definió como la más partidista en la historia de la nación. Por su parte, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, también posible candidato para 2028, señaló en la plataforma X que la Corte realiza una política de poder sin disimulo. Newsom hizo especial énfasis en el fallo sobre Alabama, sosteniendo que el tribunal interfirió en las elecciones después de que los votos fueran emitidos, considerando que las primarias estaban programadas para la próxima semana y las boletas de voto por correo ya habían sido enviadas.
La crítica se ha extendido a otras figuras prominentes. El senador de Nueva Jersey, Cory Booker, calificó a la Corte Suprema como una corte corrupta durante una intervención en el programa Meet the Press de NBC. Esta corriente de pensamiento se ha intensificado tras el fallo de finales de abril en un caso de Louisiana, el cual debilitó severamente la Ley de Derecho al Voto. Según los críticos, esto otorga a los republicanos una herramienta adicional para rediseñar distritos favorables a su partido de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.
La gravedad de la situación ha llevado a algunos demócratas negros a realizar comparaciones con el pasado oscuro de la judicatura estadounidense. El representante James Clyburn, de Carolina del Sur, comparó al actual presidente de la Corte, John Roberts, con Roger Taney, el juez responsable de la decisión Dred Scott de 1857, que determinó que las personas negras no podían ser ciudadanas. Clyburn afirmó que Roberts ocupará su lugar junto a otros jueces infames. En una línea similar, Jaime Harrison, expresidente del Comité Nacional Demócrata, calificó a la Corte de Roberts como la peor Corte Suprema en la historia de Estados Unidos, asegurando que es incluso peor que la de Taney debido a que el retroceso de los derechos civiles es más sutil e insidioso, aunque no menos peligroso.
Esta respuesta agresiva, que cuestiona las motivaciones personales de los jueces, parece haberse convertido en el discurso habitual de muchos candidatos presidenciales demócratas. Esto ocurre mientras Donald Trump ha pasado años socavando la legitimidad de los tribunales y atacando las decisiones que no le favorecen, llegando incluso a insinuar que los jueces que él nombró deberían serle leales.
A pesar de la dureza de estas críticas, los datos sugieren que la opinión pública está dividida. Una encuesta de Reuters e Ipsos mostró que el 53 % de los estadounidenses tiene una opinión desfavorable de la Corte, frente a un 43 %. Sin embargo, solo el 21 % de la población general y el 33 % de los demócratas mantienen una opinión muy desfavorable. Otros sondeos de Gallup y la Facultad de Derecho de Marquette muestran divisiones similares. No obstante, la confianza general es alarmantemente baja: una encuesta de NBC News de marzo reveló que solo el 7 % de los estadounidenses tiene mucha confianza en la Corte Suprema, mientras que casi cuatro de cada diez no tienen ninguna confianza o tienen muy poca.
El riesgo final de esta confrontación es la erosión de la credibilidad del tribunal como árbitro final. En un sistema donde el Congreso muestra incapacidad para resolver grandes cuestiones, la Corte Suprema es la entidad encargada de frenar al presidente. Si los ciudadanos dejan de confiar en los tribunales, se plantea un problema crítico para la democracia de Estados Unidos.
