El Gobierno federal de México ha implementado una intervención de seguridad a gran escala en el estado de Guerrero, específicamente en la zona de Chilapa, con el objetivo de restablecer el control operativo y retomar el diálogo con la población civil. Esta acción surge en respuesta a una crisis de violencia extrema que las autoridades federales han atribuido a una disputa territorial y de poder entre dos organizaciones criminales con presencia histórica en la entidad: Los Ardillos y Los Tlacos.
La intervención estuvo encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien se trasladó este martes a Chilapa. La funcionaria acudió acompañada de un fuerte despliegue de efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con el propósito primordial de retirar los bloqueos que impedían la movilidad en la zona, brindar atención a las personas desplazadas y coordinar la evacuación de ciudadanos heridos.
Para lograr la estabilización de la región, el Gobierno federal desplegó un contingente considerable de fuerzas de seguridad. Según la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación, el operativo contó con la participación de 690 elementos del Ejército Mexicano, quienes se movilizaron en 80 vehículos. A este grupo se sumaron 400 integrantes de la Guardia Nacional en 50 unidades, así como 200 policías estatales apoyados por 34 patrullas. Para complementar el despliegue terrestre, se utilizaron cinco helicópteros, además de ambulancias y personal médico especializado para atender las necesidades urgentes de la población afectada.
La estrategia de seguridad fue coordinada desde un Centro de Mando instalado en Chilpancingo, el cual estuvo liderado conjuntamente por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Este centro permitió la gestión de los recursos y la supervisión de las actividades en la montaña baja de Guerrero, una región que históricamente ha enfrentado graves problemas de gobernabilidad y conflictos armados entre grupos delictivos.
En el ámbito humanitario, las fuerzas de seguridad lograron acceder a las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, donde los habitantes facilitaron el ingreso de los efectivos estatales y federales tras una escalada de tensiones provocada por las agresiones entre los grupos criminales contrarios. En estas localidades, las autoridades atendieron a diversas familias que se habían visto obligadas a abandonar sus hogares debido a los ataques recientes. El reporte oficial indica que 120 pobladores desplazados solicitaron expresamente permanecer en sus comunidades en lugar de ser trasladados a albergues. Para apoyar esta decisión, el Gobierno les entregó insumos básicos, incluyendo colchonetas, cobertores, generadores eléctricos, atención médica y garantías de seguridad.
Asimismo, las autoridades informaron que seis personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales del IMSS-Bienestar para recibir la atención médica necesaria. En cuanto a la infraestructura vial, el operativo permitió la liberación de la carretera estatal Chilapa de Álvarez–José Joaquín de Herrera, así como de diversos caminos secundarios que habían permanecido bloqueados durante varios días, afectando la economía y la movilidad de la región.
Esta intervención federal se produce luego de que pobladores indígenas utilizaran las redes sociales para denunciar la gravedad de la situación. A través de videos, los ciudadanos alertaron sobre ataques perpetrados con armas de alto calibre y el uso de drones para realizar agresiones. Las denuncias incluyeron la quema de viviendas y el desplazamiento forzado en comunidades como Cula, Cauca y Chicotal. En una de las grabaciones, un poblador solicitó la intervención inmediata del Gobierno federal, relatando que los disparos y los ataques con drones eran constantes.
La desesperación de la población quedó evidenciada en otro video donde mujeres y niños refugiados pidieron auxilio incluso al Gobierno de Estados Unidos. En el material, una mujer con el rostro cubierto se dirigió a Donald Trump solicitando el envío de helicópteros para rescatarlos, asegurando que los criminales se encontraban cerca quemando casas y obligando a las familias a esconderse por miedo. Aunque los testimonios de los pobladores atribuyeron los ataques específicamente a Los Ardillos, las autoridades federales insistieron en que la crisis es el resultado de la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos.
