En una acción coordinada que ha generado una fuerte tensión política en la comuna de Los Ángeles, región del Bío Bío, un grupo de concejales ha recurrido formalmente a la Contraloría General de la República para solicitar una investigación exhaustiva sobre el actuar del alcalde José Pérez. El núcleo de la controversia radica en un presunto viaje irregular que la máxima autoridad comunal habría realizado hasta el Casino de Viña del Mar, ubicado en la región de Valparaíso, utilizando para dicho traslado un vehículo perteneciente al patrimonio municipal.
La denuncia, que ya ha comenzado a generar repercusiones en el ámbito local, se centra en el uso indebido de los recursos públicos y el posible incumplimiento de las normativas éticas y legales que rigen el comportamiento de quienes ostentan cargos de elección popular y administran fondos del Estado. Según los argumentos presentados por los denunciantes, el exparlamentario habría hecho uso de la flota automotriz de la municipalidad para trasladarse hacia la ciudad jardín con fines que, a juicio de los concejales, no corresponden a las labores propias de su cargo.
Entre las voces más críticas se encuentra la concejala independiente por Demócratas, Paola Ortíz. La autoridad municipal manifestó su profunda preocupación ante los hechos reportados, subrayando que la situación es alarmante debido a la naturaleza de las funciones que desempeña el alcalde. Ortíz enfatizó que aquellas autoridades que tienen bajo su custodia y administración los fondos públicos cuentan con una prohibición legal explícita de apostar y asistir a establecimientos de casinos. Para la concejala, la concurrencia a un recinto de este tipo no solo sería una falta administrativa, sino una transgresión a la ética esperada de un administrador de recursos comunitarios.
Además, Paola Ortíz puso especial énfasis en el agravante que representaría el uso del vehículo municipal. Según indicó, el hecho de que el traslado hacia la región de Valparaíso se haya efectuado en un automóvil financiado con el dinero de todos los habitantes de Los Ángeles agrava considerablemente la gravedad de la situación. Ante este escenario, la concejala calificó como prudente y estrictamente necesario que el ente fiscalizador, la Contraloría General de la República, intervenga para esclarecer la veracidad de este supuesto viaje y determinar si existieron irregularidades en la gestión de los activos municipales.
Por su parte, el concejal Víctor Salazar, representante de la Democracia Cristiana (DC), reforzó la gravedad de la denuncia. Salazar aseguró que la acusación no es un rumor infundado, sino que es real y existe formalmente. En sus declaraciones, advirtió que, de comprobarse que los hechos ocurrieron tal como se denuncian, la situación sería sumamente delicada para la administración municipal. El concejal fue enfático al señalar que las implicancias legales de un uso indebido de fondos públicos y vehículos oficiales podrían derivar en sanciones severas, advirtiendo que, en el peor de los casos, podría ser posible la destitución del alcalde de su cargo.
Frente a estas graves acusaciones, el alcalde de Los Ángeles, José Pérez Arriagada, ha salido al paso para negar categóricamente haber asistido al casino de Viña del Mar. El jefe comunal reconoció haber viajado efectivamente a la región de Valparaíso, pero sostuvo que el motivo de dicho desplazamiento fue estrictamente laboral y profesional. Pérez afirmó que su agenda incluyó reuniones y gestiones con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), así como coordinaciones relacionadas con Ferrocarriles.
El alcalde detalló que, durante su estancia en la zona, cumplió diversas funciones, mencionando específicamente que visitó la Cámara de Comercio antes de emprender el viaje de regreso a su comuna. José Pérez expresó que considera vergonzoso el proceder de los concejales al lanzar estas acusaciones, calificando el relato del viaje al casino como un invento. Debido a esto, el alcalde anunció que tomará medidas legales y presentará una querella contra todas las personas que resulten responsables de haber difundido y fabricado esta información, la cual considera difamatoria y carente de fundamento.
Mientras el alcalde se prepara para iniciar acciones judiciales, la comunidad y el cuerpo de concejales quedan a la espera de la resolución de la Contraloría General de la República, órgano que deberá determinar si el itinerario del vehículo municipal coincide con las actividades laborales declaradas por el alcalde o si, efectivamente, hubo una desviación de los recursos públicos para fines personales.
