El candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se encuentra en una situación legal crítica que podría derivar en una condena a prisión. El proceso judicial se fundamenta en la presunta falsificación de información relacionada con los aportes de campaña de su organización política durante el año 2020. Lejos de ser una simple posibilidad, el caso ha avanzado hasta la etapa final de la fase actual, convirtiéndose en una realidad procesal inminente.
La jueza a cargo del caso ha programado para el próximo miércoles 27 de mayo la audiencia destinada a emitir el auto de enjuiciamiento. Esta fecha es particularmente relevante en el calendario político, ya que se llevará a cabo apenas 11 días antes de la segunda vuelta electoral. El auto de enjuiciamiento constituye el documento formal mediante el cual se autoriza que la acusación presentada por el Ministerio Público pase a la etapa de juicio oral. Una vez emitido este documento, el Juzgado de Investigación Preparatoria procederá a remitir el expediente completo al tribunal de juzgamiento correspondiente, instancia que será la encargada de fijar la fecha exacta para el inicio del juicio oral.
En términos de cronología judicial, se prevé que el inicio del juicio oral podría programarse para la segunda mitad del año, periodo en el cual ya se habrá definido quién asumirá la presidencia del Perú. No obstante, surge un escenario legal específico en caso de que Roberto Sánchez resulte electo como jefe de Estado. De ocurrir esto, el proceso penal por la presunta falsificación de información de aportes deberá ser suspendido hasta que termine su mandato o hasta el momento en que ejerza el cargo. Esta medida responde al cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la cual limitó la capacidad de realizar investigaciones preliminares contra mandatarios en funciones.
Los detalles de las irregularidades fueron expuestos en un reportaje del programa Cuarto Poder. Según sostiene la Fiscalía, Roberto Sánchez, actuando en su calidad de presidente del partido Juntos por el Perú, habría declarado ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE que los aportes de campaña fueron de cero soles. Sin embargo, la investigación fiscal indica que, en realidad, se recibieron 204.951 soles, monto que nunca fue reportado al organismo electoral. Este caso tiene su origen en una serie de irregularidades detectadas durante los procesos electorales llevados a cabo en 2018 y 2020.
Las pesquisas fiscales han revelado que los aportes realizados por los militantes no fueron depositados en las cuentas oficiales de la organización política. Por el contrario, el dinero fue destinado a cuentas personales de personas cercanas al candidato, mencionando específicamente a su hermano, William, y al propio Roberto Sánchez. La investigación apunta a que el desvío total de fondos asciende a aproximadamente 280 mil soles. De acuerdo con la resolución judicial citada en el reportaje, se imputa a Roberto Sánchez Palomino, en calidad de autor, que parte de ese dinero recaudado habría sido transferido a su cuenta personal para ser utilizado en provecho propio, lo que representaría un perjuicio evidente para la organización política.
El caso se ve reforzado por el testimonio de Leandro Cerna, exdirigente de Juntos por el Perú, quien afirmó que Sánchez se apoderó del partido y nunca transparentó las cuentas internas. Además de los desvíos monetarios, se identificaron aportes no monetarios inexistentes por un valor de 27.400 soles en el año 2020. Dichos aportes estaban vinculados al supuesto uso de un local partidario, pero el presunto aportante negó haber ofrecido tal beneficio.
Debido a estos hechos, a Roberto Sánchez se le imputa el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Según el Código Penal, quien realice una declaración falsa sobre hechos o circunstancias que le corresponde probar en un procedimiento administrativo, violando la presunción de veracidad establecida por la ley, será sancionado con una pena privativa de libertad que no será menor de uno ni mayor de cuatro años.
