En un hecho que evidencia la crítica situación de seguridad que atraviesa Ecuador, una jueza fue asesinada a tiros este lunes en la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro. La víctima, identificada como Lady Pachar, quien se desempeñaba como magistrada en un juzgado del municipio de Santa Rosa, fue interceptada mientras se movilizaba en su vehículo particular, en un ataque perpetrado por hombres armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta.
De acuerdo con el reporte brindado por la Policía Nacional, la magistrada se dirigía hacia un gimnasio cuando fue sorprendida por los agresores. Los atacantes, que se movilizaban en la motocicleta, dispararon al menos cinco veces contra la jueza, provocándole heridas mortales. El ataque fue tan fulminante que la víctima falleció en el lugar del suceso. Debido a la naturaleza del incidente y la posición del cuerpo, los servicios de emergencia tuvieron que realizar diversas maniobras técnicas para lograr abrir la puerta del vehículo y extraer el cadáver de Pachar.
Uno de los aspectos más alarmantes de este crimen es que Lady Pachar no era una persona ajena a las amenazas. Según confirmó Renato González, jefe policial de la provincia de El Oro, la jueza había estado recibiendo amenazas desde hacía tiempo, razón por la cual el Estado le había asignado medidas de seguridad específicas. La magistrada contaba con el acompañamiento y la protección tanto del sistema de víctimas y testigos como de la Dirección Nacional de Protección de Personas de la Policía Nacional.
A pesar de contar con este esquema de seguridad, se reveló un fallo crítico en su implementación: el agente de policía asignado para proteger a la jueza no se encontraba presente en el sitio al momento del ataque. Esta ausencia ha generado interrogantes profundas sobre la efectividad de los protocolos de seguridad para los funcionarios judiciales, y las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas de la ausencia del oficial en el momento en que se produjo la emboscada.
El jefe policial, Renato González, señaló que actualmente se están aplicando diversas técnicas investigativas a lo largo de todo el trayecto que se presume utilizó la víctima para poder identificar a los responsables del crimen. Aunque el comandante no confirmó si las amenazas previas provenían directamente de grupos delictivos específicos, enfatizó que toda la provincia de El Oro está siendo blanco del crimen organizado transnacional, dada su ubicación estratégica fronteriza con Perú.
Ante este asesinato, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces ha reaccionado con dureza, exigiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, seria, transparente y efectiva. La organización demandó a las autoridades gubernamentales la adopción urgente de medidas de protección reales y efectivas para todos los administradores de justicia del país, quienes se encuentran en una posición de vulnerabilidad extrema. Además, la asociación exhortó a organismos internacionales, específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, para que observen y se pronuncien sobre la grave situación de riesgo y violencia que enfrentan los jueces en Ecuador.
Este crimen ocurre en un contexto de máxima tensión seguridad. La provincia de El Oro es una de las nueve regiones más violentas del país y se encuentra bajo un toque de queda nocturno vigente entre el 3 y el 18 de mayo. Esta medida busca intensificar la lucha contra los grupos criminales, a quienes el presidente Daniel Noboa ha calificado como terroristas, en el marco de una guerra declarada contra el crimen organizado hace más de dos años. No obstante, las cifras reflejan que la violencia sigue escalando; el año 2025 se ha consolidado como el periodo más violento en la historia de Ecuador, alcanzando un récord trágico de 9.269 homicidios.
