El fiscal coordinador de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, ha emitido declaraciones detalladas sobre la situación profesional y legal actual de José Domingo Pérez, quien anteriormente formaba parte del Ministerio Público. En una reciente intervención a través de RPP, Juárez Atoche fue enfático al señalar que, en la actualidad, José Domingo Pérez ostenta la condición de abogado libre. Esta transición implica que, al no pertenecer ya a la carrera fiscal ni estar vinculado administrativamente al Ministerio Público, Pérez goza de la plena libertad y el derecho legal para asumir la defensa técnica de cualquier persona que él decida representar, sin que existan impedimentos institucionales que lo limiten en el ejercicio de su profesión.
Durante su exposición, Juárez Atoche precisó que, debido a que Pérez ya no se encuentra dentro de la carrera fiscal, tiene la facultad y la opción de decidir autónomamente a quién defender o a quién no. El fiscal coordinador mencionó que, en un principio, evitó compartir detalles específicos sobre a quién estaba defendiendo el abogado, argumentando que hacer lo propio podría dar lugar a los cuestionamientos que ya recaían sobre él, específicamente aquellos relacionados con la presunta realización de activismo político durante su trayectoria.
No obstante, el fiscal coordinador fue claro al manifestar que no comparte la decisión tomada por José Domingo Pérez de asumir la defensa legal del expresidente Pedro Castillo. Según el análisis de Juárez Atoche, esta decisión particular podría reforzar las críticas y las percepciones negativas sobre un presunto activismo político por parte de Pérez. El fiscal consideró que el acto de defender al exmandatario es un paso que puede ser interpretado por diversos sectores como una confirmación de las tendencias políticas que sus detractores siempre le han atribuido.
En este sentido, Juárez Atoche recordó que los cuestionamientos hacia José Domingo Pérez se han intensificado debido a su desempeño previo y su rol en diversas investigaciones que estuvieron vinculadas a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El fiscal explicó que el hecho de que Pérez ahora asuma la defensa de una figura que representa una ideología contraria a la de la señora Fujimori, proporciona argumentos adicionales para que sus críticos sostengan que su labor siempre estuvo motivada por el activismo político. Juárez Atoche señaló que, aunque para él estas percepciones son una cuestión subjetiva, es un hecho que la decisión de defender a Castillo Terrones o el posible deseo de participar en la política han dado motivos para que se reaviven estas opiniones.
A pesar de estas discrepancias sobre la elección de sus clientes, Juárez Atoche fue tajante al afirmar que no existe ningún impedimento legal para que Pérez ejerza la defensa de Castillo o decida incursionar en la política, ya que su estatus actual como abogado libre le otorga dicha prerrogativa.
Finalmente, el fiscal coordinador abordó la situación administrativa de su excompañero, expresando su opinión sobre la sanción impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que decidió separarlo del Ministerio Público. Juárez Atoche consideró que dicha sanción fue aplicada de manera injusta. Si bien reconoció que José Domingo Pérez tiene la posibilidad de recurrir a la vía constitucional para intentar revertir la decisión de la JNJ y recuperar su posición, advirtió que este proceso legal representa un camino largo y complejo, sugiriendo que la resolución de este conflicto administrativo no será inmediata ni sencilla.
