En el municipio de Pedro Betancourt, provincia de Matanzas, las autoridades han efectuado la detención de un ciudadano identificado como Osiel Pedro Díaz Cortegasa. El arresto se produjo en su domicilio, ubicado en la Finca Flora, perteneciente al consejo popular Güira de Macurijes, luego de que se hallaran en la vivienda diversos bienes que coinciden con los sustraídos en un robo ocurrido días atrás en la zona.
La operación fue reportada a través del perfil oficialista de Facebook denominado Con Todos La Victoria, el cual se encuentra vinculado a la Policía Nacional Revolucionaria de Matanzas. Según la información difundida por este medio, el hallazgo en la vivienda de Díaz Cortegasa fue determinante para el avance de las investigaciones. Al momento de ingresar al domicilio en la Finca Flora, los efectivos policiales localizaron tres elementos específicos que captaron la atención de los investigadores: un molino de fabricación casera, 33 libras de carne y 35 litros de petróleo.
De acuerdo con la publicación oficial, este operativo permitió resolver un robo con fuerza que había sido perpetrado días antes en una propiedad conocida como la Finca La Torre. Las autoridades ya se encontraban investigando dicho incidente y confirmaron que los artículos encontrados en posesión del detenido coinciden plenamente con los bienes que habían sido sustraídos de La Torre. El reporte policial describió el suceso con un tono triunfalista, señalando que lo que inicialmente parecía ser un hallazgo aislado terminó por abrir la puerta a la revelación de una trama más amplia de robos en el ámbito rural, donde la carne, el petróleo y los molinos han sido los elementos protagonistas.
El contexto geográfico y social de la detención es relevante para comprender la magnitud del problema. Pedro Betancourt es un municipio con una marcada vocación agropecuaria situado en el centro-suroeste de Matanzas. Históricamente, la zona ha estado ligada a la industria de la caña de azúcar, pero en la actualidad es considerada una de las regiones más empobrecidas de la provincia debido al cierre de sus centrales azucareros. En este entorno, el consejo popular Güira de Macurijes refleja una realidad rural donde el robo y el sacrificio ilegal de ganado se han intensificado, impulsados por la profunda crisis económica y alimentaria que atraviesa Cuba.
Este caso no es un hecho aislado en la provincia. Recientemente, el 29 de abril, otro cubano fue detenido en Perico bajo acusaciones de robar y sacrificar ilegalmente un ternero. Asimismo, en el mes de marzo, se reportó que un grupo de siete hombres encapuchados asaltó a mano armada una cooperativa en Colón, logrando sustraer nueve reses. Estas acciones forman parte de una tendencia creciente de robos de ganado en todo el territorio nacional.
Las estadísticas reflejan una caída alarmante en la producción pecuaria. El hato vacuno nacional se redujo de 3,8 millones de cabezas en 2019 a 2,9 millones a principios de 2025, lo que representa una disminución del 24%. A esto se suma el desplome de la producción de carne de cerdo, que cayó un 93,2%, situación que ha convertido al mercado negro en la vía principal de acceso a proteínas para numerosas familias cubanas.
Por otro lado, los 35 litros de petróleo incautados a Osiel Pedro Díaz Cortegasa evidencian otra problemática en expansión: la escasez y el contrabando de combustible. Para marzo de 2026, el precio del combustible en el mercado negro había alcanzado cifras de entre 4,000 y 5,000 pesos cubanos por litro. La magnitud de este problema es tal que el Ministerio del Interior informó haber recuperado 350,000 litros de combustible robado únicamente entre enero y agosto de 2025.
Desde el punto de vista legal, el Código Penal vigente desde abril de 2022 contempla penas severas para estos delitos. El sacrificio ilegal de ganado mayor puede acarrear sentencias de tres a ocho años de prisión, pudiendo alcanzar los 15 o 20 años si existen agravantes. En 2024, un total de 1,615 personas fueron sancionadas por sacrificio ilegal y tráfico de carne, de las cuales el 78% recibió penas de hasta 15 años de cárcel. A pesar de la rigurosidad de las penas, el fenómeno persiste y evoluciona, detectándose en enero de 2025 una nueva modalidad consistente en el secuestro de animales, con rescates que alcanzan los 30,000 pesos por un cerdo.
