Carlos Muñoz Lecerf, abogado y contador de Altamar Asociados, ha presentado un análisis exhaustivo sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), calificando esta política pública como un sistema abusivo diseñado para beneficiar a la banca en detrimento de los estudiantes y sus familias. Para el profesional, los datos financieros demuestran que el Estado chileno pudo haber financiado la educación y mejorado las condiciones laborales de los trabajadores no calificados gastando menos dinero del que terminó transfiriendo a las instituciones bancarias, definiendo el proceso como un saqueo que hoy pagan las familias chilenas con sobreprecio.
El análisis comienza revisando el origen del crédito durante el gobierno de Ricardo Lagos. Según Lecerf, el entonces ministro Sergio Bitar implementó una lógica de tercerización similar a las concesiones públicas, donde la banca prestaría el dinero y el Estado actuaría como garante. Sin embargo, el autor sostiene que la banca extorsionó al Estado para fijar sus propias condiciones, obligando al Gobierno a aceptar términos desfavorables para cumplir con una promesa de campaña, lo que describe como un trato con el diablo que amarró al Estado por décadas.
Uno de los puntos más críticos señalados es la estructura de intereses. La deuda no solo se reajusta en Unidades de Fomento (UF), sino que la banca tiene la potestad de determinar los intereses aplicables, que oscilaron entre el 4% y el 6% anual. Estos intereses se capitalizan desde el primer día de la firma del pagaré, lo que implica que el monto adeudado es mayor incluso antes de que el estudiante termine su carrera, condenando al deudor desde el inicio del proceso.
Lecerf también denuncia una falla estructural en la gestión de cobranza. Indica que los bancos, buscando el camino más corto, acreditaban la incobrabilidad de las cuentas con el mínimo esfuerzo para cobrar rápidamente al Estado, quien actúa como garante y no puede negarse al pago por contrato. A esto se suma lo que el autor califica como una estafa: la capacidad de los bancos de vender la deuda al Fisco con un sobreprecio. De este modo, el Estado deja de ser un simple aval para convertirse en un codeudor solidario, trasladando ese sobrecosto finalmente al estudiante.
Sobre las reformas posteriores a las movilizaciones de 2011, el abogado argumenta que la rebaja de la tasa al 2% fue insuficiente y condicionada. Para acceder a ella, el alumno debía estar al día con una deuda que ya había crecido considerablemente. Como ejemplo, Lecerf menciona que un crédito de $12.600.000 recibido en marzo de 2006, tras el reajuste y capitalización, llegaba a $19.800.000 al inicio del pago en agosto de 2012. Incluso pagando puntualmente con la tasa rebajada, el monto total desembolsado para el año 2032 ascendería a $43.800.000, mientras que, en un escenario sin intereses y solo con reajuste UF, la cifra habría sido de $15.800.000.
El impacto se extendió al mercado laboral. El auge de instituciones de educación superior a partir de 2006 creó carreras a sobreprecio que prometían éxito, pero resultaron en una sobreoferta de profesionales. Esto permitió que las empresas redujeran remuneraciones y condiciones laborales, dejando a las familias en una situación donde cubrir necesidades básicas como salud y alimentación se volvió prioritario frente al pago del CAE.
Finalmente, el autor critica la gestión actual de la Tesorería General de la República, describiendo el sistema de cobro como un algoritmo frío, deshumanizante e ilegal, diseñado en las últimas semanas de marzo de este año. Denuncia que, a pesar de que desde Hacienda afirmaron que la agresividad en los cobros se centraría en personas con ingresos superiores a 5 millones de pesos, las retenciones y demandas han afectado aleatoriamente a trabajadores y personas desempleadas.
Muñoz Lecerf concluye que la educación debe ser un derecho y no una vía de escape forzada hacia mejores condiciones laborales. Sostiene que el sistema no ha servido para reembolsar dinero a los contribuyentes, sino para enriquecer a un sector privado, legitimando así la decisión de quienes optan por no pagar un crédito que considera injusto y aclara que no pagar un crédito nunca ha sido un delito.
