En la ciudad de Guayaquil, cinco ciudadanos, cuatro hombres y una mujer, han sido procesados judicialmente tras su presunta implicación en un robo violento perpetrado contra un servidor policial. El incidente, que resultó en lesiones físicas para el agente, ha desencadenado una serie de operativos policiales y diligencias fiscales que culminaron con la medida de prisión preventiva para todos los implicados.
Los hechos se remontan al pasado 5 de mayo, cuando un agente de la Policía Nacional se encontraba realizando actividades personales, específicamente lavando su vehículo, en la intersección de las calles Medardo Ángel Silva y la Décima. En ese momento, el servidor policial fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Durante el atraco, los delincuentes utilizaron armas de fuego para amedrentar y atacar a la víctima, disparándole en las piernas. Tras herir al agente, los asaltantes procedieron a sustraer el arma de dotación que el policía portaba en ese instante. Debido a la gravedad de las heridas sufridas en sus extremidades inferiores, el gendarme tuvo que ser trasladado de urgencia hacia una casa de salud para recibir la atención médica necesaria.
Tras el reporte del crimen, las autoridades iniciaron una fase de investigación intensiva. La Policía Nacional, apoyándose en la recopilación de versiones de testigos que presenciaron los hechos y en la visualización minuciosa de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, logró rastrear la motocicleta utilizada en el asalto. El vehículo fue ubicado posteriormente en una vivienda situada en las calles Brasil y 6 de Marzo. No obstante, al momento de la intervención en dicho domicilio, los sospechosos lograron evadir la captura inicial huyendo del lugar en un automóvil.
La persecución y el despliegue operativo continuaron durante las siguientes horas. El vehículo en el que escaparon los sospechosos fue finalmente localizado en el sector sur de Guayaquil. Al momento de la interceptación, el automotor era conducido con cinco ocupantes a bordo, quienes fueron aprehendidos inmediatamente. Durante el registro exhaustivo del vehículo, los agentes policiales hallaron una alimentadora de pistola y un total de trece municiones que no habían sido percutidas. Paralelamente, y como resultado del avance en las diligencias investigativas, las autoridades lograron recuperar el arma de dotación que había sido robada al servidor policial en un parqueadero.
El jueves 7 de mayo, la Fiscalía General del Estado anunció formalmente que los cinco sospechosos serían investigados por los delitos de robo y transporte de armas de fuego y municiones. Durante la audiencia correspondiente, el fiscal encargado del caso presentó diversos elementos de convicción para respaldar la acusación. Entre las pruebas expuestas se incluyeron el parte informativo y el acta de aprehensión, las versiones testimoniales de los agentes que participaron en las capturas, la denuncia formal por robo interpuesta por la víctima y todas las evidencias físicas levantadas durante los operativos.
El juez de turno, tras analizar los elementos presentados por el ente fiscal, acogió el pedido y dictó la medida de prisión preventiva contra los cuatro hombres y la mujer implicados. De acuerdo con la precisión técnica de la Fiscalía, el caso se procesa bajo el marco del Código Orgánico Integral Penal (COIP), específicamente conforme a los artículos 189, en su inciso segundo y numerales 1 y 2, relativos al delito de robo, y el artículo 361, referente al transporte de armas de fuego y municiones. La institución señaló que se trata de un concurso real de infracciones, lo que implica que los procesados enfrentan cargos por múltiples delitos cometidos de manera independiente. Con estas acciones, la Fiscalía y la Policía Nacional buscan sancionar el ataque contra el servidor público y el tráfico ilegal de armamento en la ciudad.
