Desde la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, Miguel Suriel, miembro del Comité Central de la seccional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha emitido una declaración contundente en representación de decenas de sus compañeros de partido. El objetivo central de su intervención es manifestar un apoyo decidido al reclamo impulsado por el precandidato presidencial de dicha organización política, Francisco Javier García, quien ha solicitado una urgente y profunda higienización del gasto público dentro del Gobierno dominicano.
Según las declaraciones de Suriel, es imperativo que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), si tiene la voluntad real de enfrentar la crisis fiscal que atraviesa la nación, implemente medidas drásticas y concretas. Entre estas acciones, el dirigente del PLD destaca la necesidad de reducir sustancialmente la nómina pública y proceder a un reajuste de las miles de pensiones millonarias que han sido otorgadas a personas que, según su criterio, no merecen tales beneficios ni han trabajado para ganarlos.
El ingeniero Suriel puso de relieve una contradicción fundamental en la gestión actual, señalando que no es ético ni coherente pedir sacrificios económicos al pueblo dominicano mientras el Estado mantiene una estructura de gasto excesiva. Para sustentar esta afirmación, presentó datos referentes al año 2025, indicando que la nómina pública contaba con un total de 773,025 empleados. De acuerdo con la información suministrada, miles de estas plazas corresponden a las denominadas botellas, y el costo total de dicha nómina superaba los RD$338,305.9 millones.
La preocupación del sector opositor se intensifica al analizar los datos más recientes. Suriel informó que, entre los meses de enero y febrero de 2026, se registró un incremento del 6,3 % en el pago de la nómina, destinando la suma de RD$55,045.3 millones en tan solo esos dos meses. Esta tendencia, basada en datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), reflejaría un aumento tanto en la cantidad de empleados públicos como en los sueldos asignados.
Para contextualizar este crecimiento, el miembro del Comité Central recordó la evolución del empleo público en los últimos años. En el año 2020, el número de empleados públicos sumaba 640,977 personas. Para el 2021, esta cifra ascendió a 678,567. En el año 2022, la cantidad aumentó a 727,338, seguida de una ligera disminución en 2023 con 717,203 empleados, para volver a subir en 2024 hasta alcanzar los 739,221 trabajadores estatales.
Más allá de la nómina, la crítica se extendió hacia la gestión de los recursos destinados a la democracia. Suriel respaldó la postura de Javier García al advertir que el recorte del 50 % de los fondos que por ley se entregan a los partidos políticos representa un golpe medular al sistema democrático. Argumentó que, al debilitar a las organizaciones que sirven como garantes de la democracia, se abren las puertas a formas de financiamiento irregular.
Finalmente, el ingeniero Suriel propuso una hoja de ruta para lo que denomina una verdadera política de austeridad. Sugirió que el Gobierno debe reorientar la búsqueda de fondos hacia sectores donde existen fugas evidentes, tales como la reducción de la nómina inflada y la eliminación de las compras de emergencia que resulten irregulares. Asimismo, instó a la transparencia total en los programas sociales, el recorte de beneficios otorgados a funcionarios, la eliminación de gastos superfluos del Estado y la revisión exhaustiva del esquema de pensiones especiales.
A estas medidas se sumó la urgencia de reducir las pérdidas financieras en el sector eléctrico y llevar a cabo auditorías profundas de los grandes contratos públicos. Suriel concluyó asegurando que, si el Gobierno del PRM implementa estas acciones de transparencia y ahorro, encontrará de manera inmediata los fondos necesarios para resolver la crisis fiscal que afecta a la República Dominicana.
