El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, advirtió que Estados Unidos ha implementado un viraje significativo en su estrategia nacional antidrogas, la cual ahora coloca a México en el centro de sus acciones mediante un enfoque más agresivo. Durante su participación en el programa Aristegui en Vivo, Cossío señaló que existe un cambio de paradigma evidenciado en el uso de un lenguaje de guerra que no se había empleado anteriormente, lo que podría traducirse en mayores niveles de presión e intervención estadounidense sobre el territorio mexicano.
El exministro explicó que, si bien la estrategia de Estados Unidos menciona cadenas de suministro globales que incluyen a países como la India, los puntos esenciales están enfocados en México. En este sentido, Cossío alertó que las autoridades mexicanas parecen no haberse percatado de que se está construyendo un cerco muy grande alrededor del país. Como parte de este cerco, destacó las órdenes ejecutivas del expresidente Donald Trump para declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, acción que autoriza intervenciones y el congelamiento de cuentas bancarias. A esto se suma la situación de decenas de personas entregadas por México a Estados Unidos, quienes estarían proporcionando información detallada a la fiscalía estadounidense a cambio de beneficios legales o impunidades.
Uno de los puntos más críticos analizados fue la solicitud de Estados Unidos para la detención provisional de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios con fines de extradición. Cossío calificó la respuesta del gobierno mexicano como muy débil y profundamente reactiva, sugiriendo que la administración actual podría estar intentando ganar tiempo. Aclaró que estas solicitudes no implican una entrega inmediata, sino que buscan evitar que las personas señaladas evadan la justicia. El exministro rechazó que estas peticiones constituyan injerencismo, ya que están previstas en el tratado de extradición suscrito entre ambos países.
Sobre el aspecto legal, Cossío detalló que la detención provisional requiere elementos básicos como la identificación del delito, la descripción del reclamado, su paradero y la promesa de formalizar la solicitud de extradición. Advirtió que, si México niega estas detenciones, el Estado asumiría responsabilidades adicionales, pues deberá garantizar la integridad de los requeridos; en caso de una fuga o un homicidio, la responsabilidad recaería sobre las autoridades mexicanas por no atender la solicitud. Asimismo, señaló que rechazar definitivamente la extradición obligaría, por ley, a iniciar procedimientos penales en México, una vía que el Ejecutivo federal podría utilizar como estrategia política para combinar la negativa de entrega con investigaciones internas bajo observación estadounidense.
No obstante, Cossío advirtió que cualquier decisión política de la presidenta Claudia Sheinbaum podría generar una reacción política de Estados Unidos, impactando negociaciones bilaterales clave, como la inminente revisión del T-MEC. Una afectación a este tratado podría derivar en pérdida de inversiones, empleos y competitividad económica para México.
En relación con el senador Enrique Inzunza Cázarez, Cossío recordó que el tratado de extradición de 1978 solo contempla excepciones para delitos políticos y militares. Por lo tanto, sostuvo que la inmunidad procesal o fuero no impide una extradición, ya que el fuero es una protección de alcance interno. Afirmó que cuando un funcionario solicita licencia, pierde automáticamente su inmunidad procesal, conforme a la jurisprudencia reciente.
Respecto al fondo de las acusaciones contra Rocha Moya, el exministro subrayó que este caso difiere de precedentes como el de Édgar Veytia. Mientras que en otros casos se señalaban vínculos operativos con el narcotráfico, aquí se plantea una posible intervención directa en procesos electorales mediante el uso de recursos ilícitos para financiar campañas y consolidar estructuras de poder. Esto representaría una penetración del Estado por organizaciones criminales, donde un funcionario actúa simultáneamente como autoridad pública y operador delictivo.
Finalmente, Cossío analizó la postura de la presidenta Sheinbaum, señalando que enfrenta un momento definitorio. Criticó que las respuestas gubernamentales han sido abruptas y condicionadas por la inercia del sexenio anterior. Sugirió que la mandataria debe redefinir su papel institucional, situando la Presidencia por encima de intereses partidistas o del movimiento Morena para cuidar los intereses de México. Consideró que mantener una lógica de conducción partidista es insuficiente frente a presiones simultáneas del crimen organizado y tensiones geopolíticas. Sugirió que la seguridad federal asignada a Rocha Moya podría ser, en la práctica, una forma de arresto domiciliario para evitar su escape mientras se define el proceso legal.
