Línea 4: Conversaciones de WhatsApp, ahora en manos de la fiscalía, han desatado una investigación sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la empresa Gálaga por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La información fue revelada por el programa Cuarto Poder este domingo 3 de abril.
Las comunicaciones internas entre funcionarios de la ONPE sugieren coordinaciones que podrían haber favorecido a Gálaga en la adjudicación de contratos por más de S/ 2.2 millones para el transporte de material electoral. A pesar de que la empresa AFE presentó una oferta económica menor, Gálaga fue declarada ganadora, argumentando que su propuesta técnica fue superior.
Según los mensajes, Juan Phang, ex subgerente de Producción Electoral de la ONPE, felicitó a William García, otro funcionario investigado, tras conocerse el resultado. Bien gordito. Que notifiquen hoy. Buen trabajo , escribió Phang en febrero de 2025, en respuesta a la información proporcionada por García: Ganó Gálaga con 2.299.401,491, a pesar que AFE presentó una oferta de 1.799.964,28. La propuesta técnica pesó más, a favor de Gálaga .
La investigación fiscal no se limita a la adjudicación inicial, sino que apunta a la posible existencia de una estructura organizada dentro de la ONPE que habría facilitado condiciones para beneficiar a un proveedor específico. Los chats analizados revelan intercambios directos entre funcionarios, aparentemente sin seguir los canales institucionales formales.
La Subgerencia de Producción Electoral se encuentra en el centro de la investigación, ya que se presume que desde esta área se impulsó la necesidad del servicio, se diseñaron las bases, se establecieron los criterios de evaluación y se ejecutaron las calificaciones que culminaron en la contratación de Gálaga.
La fiscalía también está examinando el impacto de nuevos lineamientos de contratación aprobados en 2026, que habrían otorgado mayor poder de decisión a ciertos funcionarios, permitiéndoles intervenir directamente en procesos de gran envergadura. Si bien las decisiones finales recaían en la jefatura de la ONPE, entonces liderada por Piero Corvetto, la investigación busca determinar si estos nuevos lineamientos influyeron en el proceso.
Además del contrato por S/ 2.2 millones, la carpeta fiscal incluye evidencia sobre un segundo proceso, valorado en más de S/ 6.3 millones, para el transporte de material electoral a nivel nacional. En este caso, los chats revelan intercambios sobre términos de referencia y datos técnicos que, según los investigadores, podrían evidenciar un direccionamiento del proceso hacia un proveedor determinado.
Las irregularidades también se habrían extendido a la etapa de ejecución contractual. La empresa Gálaga remitió información clave, como la relación de vehículos y conductores, a través de un enlace digital que nunca fue descargado ni verificado por los funcionarios responsables, lo que sugiere graves fallas en el control del servicio.
A pocos días de los comicios, la ONPE aparentemente no tenía claridad sobre el volumen real de unidades necesarias para el transporte electoral. Inicialmente se contemplaban 400 vehículos, pero días antes de la elección se incrementó la cifra a 434 rutas, sin que esta variación quedara debidamente reflejada en el contrato firmado.
Correos electrónicos internos revelan que la empresa contratada apenas había puesto a disposición 12 unidades, dejando decenas de rutas sin cobertura. Ante esta situación, se evaluaron contrataciones de emergencia con otros proveedores para cubrir el déficit, en medio de la urgencia operativa.
A estas deficiencias se sumó la falta de personal para el despacho del material electoral. De los 100 trabajadores previstos, solo se logró contratar a 54, lo que habría afectado la capacidad de respuesta logística. La investigación continúa en curso para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados y el alcance total de las presuntas irregularidades en la ONPE. La fiscalía busca esclarecer si existió una colusión o un direccionamiento deliberado para favorecer a la empresa Gálaga en la adjudicación de estos importantes contratos electorales.
