A un año de su implementación, la Operación Restitución ha asegurado un total de mil 949 propiedades en el Estado de México, devolviendo la posesión de mil 078 inmuebles a sus legítimos dueños. El operativo, resultado de una coordinación entre autoridades estatales y federales, busca combatir el despojo inmobiliario, afectando principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores.
La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) ha intensificado sus acciones en los últimos meses, especialmente durante la última semana de abril, desplegando operativos en 17 municipios clave: Chalco, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, Toluca y Valle de Chalco. Estos esfuerzos se tradujeron en nueve cateos y veintisiete inspecciones, lo que permitió asegurar 36 inmuebles adicionales, incluyendo 30 casas habitación y seis predios.
El impacto de la Operación Restitución va más allá de la recuperación de propiedades. Hasta la fecha, se han detenido a 462 personas vinculadas a delitos de despojo y contra la propiedad. De este total, 404 fueron arrestadas en flagrancia, mientras que 58 fueron detenidas en virtud de órdenes de aprehensión. Todos los detenidos se encuentran en distintas etapas procesales ante la autoridad judicial correspondiente.
Uno de los hallazgos más significativos de la operación ha sido la identificación y desarticulación de sindicatos criminales que operan en la entidad, dedicados al despojo de tierras y propiedades. La Fiscalía ha ejercido acción penal contra tres notarios, cinco servidores públicos estatales y cuatro municipales, además de cumplimentar órdenes de aprehensión contra 11 objetivos prioritarios pertenecientes a estas organizaciones.
La corrupción dentro de las instituciones gubernamentales también ha sido un foco de atención. Hasta junio de 2023, la Fiscalía del Edomex reportó la captura de cuatro servidores estatales, cinco municipales y tres notarios, evidenciando la complicidad de funcionarios públicos en los actos de despojo.
La Operación Restitución ha extendido su alcance a 69 municipios del Estado de México, demostrando la magnitud del problema y la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva. La intervención ha contado con la participación de elementos de la FGJEM, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales.
La lista de municipios donde se ha desplegado la operación incluye Acolman, Almoloya, Amecameca, Atizapán de Santa Cruz, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Atlautla, Ayapango, Calimaya, Capulhuac, Chalco, Chapultepec, Chiautla, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, La Paz, Lerma, Malinalco, Melchor Ocampo, Metepec y Morelos.
La FGJEM ha enfatizado su compromiso con la protección de los derechos de propiedad y la persecución de los delitos relacionados con el despojo inmobiliario. La Operación Restitución representa un esfuerzo significativo para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y combatir la impunidad en este tipo de delitos. La fiscalía continuará trabajando en coordinación con las autoridades federales y municipales para asegurar que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia y que las víctimas recuperen sus propiedades.
El operativo no solo busca la recuperación física de los inmuebles, sino también la reparación del daño causado a las víctimas, brindándoles apoyo legal y psicológico para superar las consecuencias del despojo. La Fiscalía ha establecido mecanismos de atención a víctimas y ha capacitado a su personal para brindar un servicio de calidad y respeto a los derechos humanos.
La Operación Restitución se consolida como una estrategia integral para combatir el despojo inmobiliario en el Estado de México, abordando tanto la delincuencia organizada como la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales. Los resultados obtenidos hasta el momento demuestran la efectividad de la coordinación interinstitucional y el compromiso de las autoridades con la protección de los derechos de propiedad de los ciudadanos.
