El Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha presentado una denuncia formal ante el Congreso de la República, cuestionando la transparencia y validez del proceso de aprobación de la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). La Junta Directiva del CAL, liderada por su decana Delia Espinoza, alega que se introdujeron modificaciones sustanciales al dictamen durante la sesión plenaria del pasado viernes, sin el debido debate ni conocimiento del pleno congresional, lo que califica como una reforma de contrabando .
Según el CAL, las modificaciones se centraron en la composición de la Comisión Organizadora del CPAP, incluyendo una cláusula que impide a las personas inhabilitadas para el ejercicio de la función pública formar parte de dicha comisión o ocupar cargos en los órganos de gobierno de los colegios profesionales. Esta disposición, según la denuncia, estaría dirigida específicamente a apartar a Delia Espinoza del cargo de Decana, lo que el CAL considera una persecución política.
RPP News verificó que durante la sesión del Congreso del 30 de abril, el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, anunció el debate del dictamen proveniente de la Comisión de Educación referente a la creación del CPAP. Posteriormente, Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación, sustentó la propuesta, destacando los objetivos del colegio profesional y la necesidad de conformar una Comisión Organizadora presidida por el Ministerio de Cultura para elaborar el estatuto y organizar las primeras elecciones.
El debate posterior incluyó la intervención de la congresista Susel Paredes, quien expresó su preocupación por la posible exclusión de artistas sin formación profesional, proponiendo que el dictamen sea revisado por la Comisión de Cultura que preside. Su propuesta fue rechazada tras una votación entre las 5:14 pm y las 5:23 pm. La sesión era entonces presidida por Waldemar Cerrón, quien había reemplazado a Rospigliosi.
A continuación, el congresista Luis Aragón solicitó que se precisara en el dictamen que el representante del Ministerio de Cultura en la Comisión Organizadora debía ser designado por resolución ministerial y que se garantizara la idoneidad de los miembros. Montalvo se comprometió a considerar esta precisión y solicitó que el dictamen se sometiera a votación.
La votación inicial del dictamen tuvo lugar entre las 5:27 pm y las 5:35 pm, resultando en su aprobación. Sin embargo, según la información obtenida por RPP News, Segundo Montalvo ingresó al área de Relatoría y Agenda del Congreso a las 5:25 pm con un documento que contenía dos modificaciones al texto del dictamen, específicamente en la Segunda Disposición Complementaria relacionada con la conformación de la Comisión Organizadora.
Una de las modificaciones precisaba lo solicitado por Aragón respecto a la designación del representante del Ministerio de Cultura mediante resolución ministerial. La segunda modificación, sin embargo, agregaba la cláusula que excluye a las personas inhabilitadas para el ejercicio de la función pública de la Comisión Organizadora y de los órganos de gobierno de los colegios profesionales, un punto que no fue discutido ni mencionado durante el debate.
Tras la primera votación favorable, Montalvo solicitó a Cerrón que se exexiera la segunda votación, lo que fue aprobado entre las 5:37 pm y las 5:41 pm. Posteriormente, varios congresistas presentaron pedidos de reconsideración, alegando falta de claridad en las modificaciones y que estas fueron publicadas en el Portal de Proyectos de Ley después de que ya se había iniciado la votación. Los legisladores Jaime Quito, Alex Flores y Pasión Dávila expresaron su incomprensión ante las modificaciones introducidas.
El Colegio de Abogados de Lima considera que la ley aprobada es una ley con nombre propio , diseñada para continuar con la persecución y hostilización hacia Delia Espinoza, buscando afectar su permanencia en el cargo. El CAL denuncia que el Congreso está utilizando la legislación como una herramienta de venganza política .
RPP News intentó obtener una respuesta del congresista Segundo Montalvo a través de su asesor de prensa, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición. La controversia generada por la aprobación de la ley del CPAP plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la legalidad del proceso legislativo, y podría desencadenar una batalla legal en los próximos días. La situación pone de manifiesto las tensiones políticas existentes en el Congreso y la posibilidad de que intereses particulares estén influyendo en la creación de leyes.
