Hace dos semanas, un operativo de seguridad en Chihuahua, México, para desmantelar laboratorios de drogas sintéticas, ha escalado a una crisis diplomática tras revelarse la participación y posterior muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. El gobierno mexicano ha exigido explicaciones a Chihuahua y a Washington, mientras el fiscal estatal renunció y expertos cuestionan la magnitud de la presencia de agencias extranjeras en territorio mexicano.
El operativo se llevó a cabo entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de Morelos, en la zona serrana de Chihuahua, con la participación de la Fiscalía estatal y elementos del Ejército. El 19 de abril, el entonces fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, informó en una rueda de prensa sobre un accidente automovilístico que involucró al convoy de regreso a la capital. En el accidente fallecieron el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, y dos instructores de la Embajada de Estados Unidos .
El embajador estadounidense, Ronald Johnson, lamentó la tragedia, describiéndola como un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios dedicados a la seguridad y reafirmando el compromiso de ambas naciones con la justicia. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su sorpresa al desconocer la presencia de los agentes estadounidenses, solicitando información a los gobiernos de Chihuahua y Estados Unidos para determinar si hubo violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
Estas leyes establecen requisitos estrictos para la presencia y operación de agentes extranjeros en México, incluyendo la acreditación ante el gobierno federal, la limitación a labores de intercambio de información y la obligación de reportar mensualmente sus actividades. La Constitución mexicana prohíbe la investigación y persecución de delitos por instituciones extranjeras sin autorización y colaboración expresa.
La revelación de que los fallecidos eran agentes de la CIA, reportada por CNN y otros medios, generó una ola de reacciones en México, especialmente cuestionamientos hacia la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, del Partido Acción Nacional (PAN). El Senado mexicano invitó a Campos y a Jáuregui a comparecer para informar sobre el caso, mientras que Campos se reunió en privado con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
Campos posteriormente anunció la creación de una unidad especial en la Fiscalía de Chihuahua, encabezada por la fiscal Wendy Chávez, para investigar la presencia de los agentes de la CIA. El gabinete de seguridad federal reveló que uno de los agentes estadounidenses ingresó a México como visitante sin permiso para actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático, pero ninguno estaba acreditado para tareas operativas.
La legislación mexicana, enfatizó el gabinete, no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional , subrayando que la cooperación internacional debe basarse en el intercambio de información, la coordinación institucional y el respeto a la soberanía nacional.
En medio de la controversia, César Jáuregui renunció a su cargo como fiscal de Chihuahua, admitiendo omisiones en la gestión del contacto con los agentes estadounidenses y asumiendo la responsabilidad política . La unidad especial de la Fiscalía de Chihuahua presentó su primer informe, revelando que cuatro personas ajenas a la institución se sumaron al convoy que viajó a Morelos, dos de ellas los agentes de la CIA.
Según el informe, los agentes viajaban vestidos de civil, sin identificación visible y con el rostro cubierto la mayor parte del tiempo. Testimonios sugieren que no participaron en reuniones con mandos militares y su contacto directo era con el fallecido director de Investigación, posiblemente en una colaboración de carácter extraoficial .
La presidenta Sheinbaum anunció el envío de una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos solicitando explicaciones sobre el caso y reafirmando que el gobierno federal no estaba informado. La gobernadora Campos declinó asistir a la reunión convocada por el Senado, argumentando la necesidad de salvaguardar la información confidencial y garantizar la seguridad nacional.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos investigaciones: una por el hallazgo de los laboratorios clandestinos y otra por la presencia de los agentes de la CIA, comprometiéndose a esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
A dos semanas del inicio de la controversia, la incertidumbre persiste y se esperan respuestas sobre las circunstancias que rodearon la operación en Chihuahua y la participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano. El incidente ha puesto de manifiesto las tensiones en la cooperación bilateral en materia de seguridad y la necesidad de clarificar los límites y protocolos para la actuación de agencias extranjeras en México.
