El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició formalmente una investigación sobre la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, tras una denuncia que alega irregularidades en la recolección de firmas que respaldan su aspiración. La decisión, formalizada a través de un auto del 16 de abril de 2026, implica la apertura de un proceso probatorio para esclarecer las acusaciones.
La solicitud de revisión de la candidatura fue presentada por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien busca la anulación de la inscripción de De la Espriella, avalada por el grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria . Fonseca argumenta que la campaña presidencial radicó documentos de mala fe, incluyendo firmas que no coinciden con los registros de los ciudadanos en los formularios de apoyo. Estas acciones, según el denunciante, podrían constituir delitos como falsedad en documentos públicos, fraude procesal y concierto para delinquir.
La magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández, al evaluar la denuncia, determinó que el CNE aún no cuenta con suficientes elementos de juicio para tomar una decisión definitiva. Por ello, ordenó la práctica de pruebas para investigar a fondo las alegaciones.
Como parte del proceso, el CNE ha solicitado a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional la entrega de los formularios E-6P y E-8P correspondientes a la inscripción de la candidatura. Además, se ha pedido una certificación detallada del número total de firmas presentadas por la campaña, la cantidad de firmas declaradas válidas y los motivos legales que llevaron al rechazo o anulación de las firmas consideradas inválidas. El plazo para la entrega de esta información es de cinco días hábiles.
El tribunal electoral también ha requerido a Marceliano Julio Fonseca Bolívar que especifique de manera clara y precisa la causal de revocatoria que invoca, así como que presente cualquier material probatorio que considere relevante para respaldar su solicitud. Esta solicitud se basa en el hecho de que la denuncia inicial no incluía evidencia alguna.
Asimismo, se ha solicitado al movimiento Defensores de la Patria y al propio Abelardo De la Espriella que presenten pruebas para defenderse de las acusaciones y que se pronuncien sobre los hechos en los próximos cinco días. El objetivo es garantizar el derecho a la defensa y permitir que todas las partes involucradas presenten sus argumentos y evidencias.
Ante el anuncio de la investigación, Abelardo De la Espriella ha manifestado su confianza en que su candidatura se mantendrá en firme. El candidato argumenta que todas las firmas recolectadas fueron verificadas y validadas por la Registraduría Nacional, y que con ellas se sustentó su aval. Además, señaló que la inscripción fue aceptada y respaldada por el Consejo de Estado, lo que demuestra la legalidad del proceso.
No hubo irregularidades, todo fue revisado hasta la saciedad , afirmó De la Espriella. El aspirante también calificó la solicitud de revocatoria como un imposible jurídico y expresó su convicción de que el CNE terminará rechazándola.
El CNE, en lugar de rechazar de plano una solicitud abiertamente improcedente, avocó su conocimiento para terminar decidiendo lo único que puede decidir: que esta solicitud no tiene ni pies ni cabeza a la luz del derecho y la jurisprudencia , declaró De la Espriella.
La investigación del CNE se produce en un momento crucial del proceso electoral, y su resultado podría tener un impacto significativo en la contienda presidencial. La transparencia y la legalidad en la recolección de firmas son elementos fundamentales para garantizar la legitimidad de las candidaturas y la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.
El caso ha generado debate entre analistas políticos y expertos en derecho electoral, quienes coinciden en la importancia de que el CNE lleve a cabo una investigación exhaustiva y objetiva para determinar si existen irregularidades en la recolección de firmas. La decisión del tribunal podría sentar un precedente importante para futuros procesos electorales y fortalecer la integridad del sistema democrático.
La Registraduría Nacional, por su parte, ha manifestado su disposición a colaborar plenamente con el CNE en la investigación, y ha asegurado que proporcionará toda la información y documentación solicitada en los plazos establecidos. La Registraduría ha reiterado su compromiso con la transparencia y la imparcialidad en el proceso electoral, y ha garantizado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la integridad de las firmas y la validez de las candidaturas.
El desarrollo de esta investigación será seguido de cerca por los diferentes actores políticos y la opinión pública, quienes esperan que se esclarezcan las dudas y se garantice la transparencia en el proceso electoral. La credibilidad de las elecciones y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas están en juego.
