El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha reafirmado este domingo, coincidiendo con el Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su “implicación directa y firme compromiso” con la aplicación de esta Convención, con especial énfasis en el artículo 32, que se centra en la cooperación y la participación en el ámbito internacional. Según el comunicado emitido por el departamento liderado por José Manuel Albares, España se ha posicionado como uno de los países a nivel mundial que ha realizado los mayores esfuerzos en la implementación de la Convención durante los últimos ocho años.
Esta labor, descrita como una “conquista colectiva” en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en España –una expresión utilizada en repetidas ocasiones por el Ministro Albares– se consolida con la integración de la discapacidad en la política exterior española, los acuerdos internacionales y la participación en foros multilaterales. Un hito en este proceso fue la creación, en 2022, de la Embajada en Misión Especial para la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, convirtiendo a España en el segundo país del mundo en contar con una embajada de estas características.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por España en 2007 y entró en vigor en 2008. En 2019, el 3 de mayo fue declarado Día Nacional de la Convención en España, en reconocimiento a su importancia. Este domingo, el Ministerio ha recordado que la aprobación de este texto por parte de las Naciones Unidas hace veinte años marcó un punto de inflexión en el reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad a nivel global.
El cambio fundamental que impulsó la Convención fue la transición de un modelo de atención centrado en el enfoque médico-rehabilitador a una visión social y transversal que promueve la vida independiente y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Desde su adopción, España ha implementado numerosas reformas normativas, diseñado estrategias y puesto en marcha planes para la aplicación efectiva de la Convención en el territorio nacional.
Una de las reformas más significativas ha sido la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que ha permitido el ejercicio del derecho al voto a más de 100.000 personas con discapacidad intelectual. Asimismo, en 2020 se llevó a cabo una reforma del Código Penal para abolir la práctica de la esterilización no consentida de personas con discapacidad intelectual, una medida que afectaba desproporcionadamente a las mujeres. Ese mismo año, se aprobó la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación), priorizando la Educación Inclusiva como un pilar fundamental del sistema educativo.
En 2021, se produjo una reforma del Código Civil y de las leyes procesales que eliminó la figura de la tutela, sustituyéndola por medidas de apoyo que permiten a las personas con discapacidad intelectual tomar sus propias decisiones en el ámbito de la justicia. Esta reforma representa un avance significativo en el reconocimiento de la autonomía y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha destacado como el “reconocimiento más importante” la reforma del artículo 49 de la Constitución, aprobada en 2024, que adapta la terminología utilizada a la de la Convención, eliminando el término “disminuidos” y sustituyéndolo por “personas con discapacidad”. Este cambio lingüístico refleja un cambio de paradigma en la forma en que la sociedad percibe y se refiere a las personas con discapacidad.
Además de estas reformas, la discapacidad se ha integrado como un “eje transversal y prioritario” en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, y en la Estrategia de Acción Exterior de España 2025-2028. Esto implica que la inclusión de las personas con discapacidad se tendrá en cuenta en todas las políticas y programas de cooperación internacional y acción exterior de España.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha subrayado que el compromiso de España con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es continuo y se extiende más allá de las fronteras nacionales, buscando promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en todo el mundo. La creación de la Embajada en Misión Especial y la integración de la discapacidad en la política exterior son ejemplos concretos de este compromiso.
