Madrid, 3 de mayo de 2024 El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha subrayado este domingo el firme compromiso de España con la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, coincidiendo con el día nacional de esta convención. En un comunicado, el Ministerio ha recordado las múltiples reformas emprendidas en los últimos años para impulsar y garantizar estos derechos fundamentales.
Según el comunicado, España se ha posicionado como uno de los países a nivel mundial que ha dedicado mayores esfuerzos a la implementación de la Convención en los últimos ocho años. Este compromiso se manifiesta en diversas áreas, incluyendo la integración de la discapacidad en la política exterior, los acuerdos internacionales y la participación en foros multilaterales.
Un hito significativo en este esfuerzo fue la creación, en 2022, de la Embajada en Misión Especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con esta iniciativa, España se convirtió en el segundo país del mundo en establecer una embajada dedicada exclusivamente a la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recordado que han transcurrido 20 años desde que las Naciones Unidas adoptaran la Convención, un texto fundamental para el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo. La Convención se basa en un enfoque social, transversal que fomente la vida independiente con iguales oportunidades que el resto de la población .
España ratificó la Convención en 2007 y la adoptó formalmente el 3 de mayo de 2008, marcando un punto de inflexión en la política nacional en materia de discapacidad. Desde entonces, el país ha implementado una serie de reformas legislativas y políticas destinadas a garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.
Entre las reformas más destacadas, el Gobierno ha citado la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que ha permitido el ejercicio del derecho al voto a más de 100.000 personas con discapacidad intelectual. Esta reforma representa un avance significativo en la participación política y ciudadana de un colectivo que históricamente ha enfrentado barreras para ejercer este derecho fundamental.
Asimismo, se ha mencionado la reforma del Código Penal, que ha abolido la práctica de la esterilización no consentida de personas con discapacidad intelectual, una práctica que afectaba desproporcionadamente a mujeres. Esta medida refleja un compromiso con la autonomía reproductiva y la dignidad de las personas con discapacidad.
Sin embargo, el Gobierno considera que el reconocimiento más importante en los últimos años ha sido la reforma del artículo 49 de la Constitución, aprobada en 2024. Esta reforma adapta la terminología utilizada en la Constitución a la empleada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suprimiendo el término disminuidos y reemplazándolo por personas con discapacidad . Este cambio ling ístico, aunque aparentemente sutil, tiene un profundo significado simbólico, ya que refleja un cambio de perspectiva hacia un enfoque más respetuoso y digno de las personas con discapacidad.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando en la implementación de la Convención y en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional e internacional. Se espera que estas reformas y esfuerzos contribuyan a construir una sociedad más inclusiva y equitativa para todos. La aplicación integral de la Convención es vista como un proceso continuo que requiere la colaboración de todos los actores sociales, incluyendo el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las propias personas con discapacidad. El objetivo final es garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de los mismos derechos y oportunidades.
