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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, por presuntamente obstaculizar un proceso de selección para proveer 407 empleos de carrera administrativa en la ciudad. La decisión se tomó tras una actuación previa de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), que ya había iniciado un proceso sancionatorio debido a la falta de avances en la convocatoria.
El concurso de méritos, el primero de su tipo en Popayán en 21 años, busca regularizar la situación laboral de 407 funcionarios que actualmente ocupan cargos de manera provisional en la administración municipal. La alcaldía destinó inicialmente cerca de $1.500 millones en febrero de 2026 para financiar el proceso, aunque el costo total estimado asciende a $2.000 millones. Sin embargo, estos recursos no han sido transferidos a la Cnsc, lo que ha detenido la ejecución del concurso.
La Cnsc, en el marco del proceso de planeación iniciado en marzo de 2024, solicitó a la alcaldía documentos esenciales como manuales de funciones actualizados y soportes técnicos para estructurar la convocatoria. La entidad determinó que la información proporcionada por el municipio fue insuficiente e inconsistente para continuar con el proceso. Ante esta situación, la Cnsc advirtió sobre posibles incumplimientos normativos y remitió el caso a los órganos de control disciplinario, señalando que la conducta de la administración podría contravenir principios fundamentales de la función pública establecidos en la Constitución y la Ley 909 de 2004.
La Procuraduría, en su decisión, ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra Muñoz Bravo, considerando las presuntas irregularidades y el incumplimiento de las normas que rigen la carrera administrativa. Se ha otorgado un plazo de 10 días a la Alcaldía de Popayán para remitir documentación relacionada con el proceso, incluyendo certificaciones laborales, manuales de funciones y registros de personal.
El alcalde ha defendido públicamente su postura, argumentando ante el Concejo municipal que la ejecución de la convocatoria podría generar un impacto negativo en la estabilidad laboral de los funcionarios provisionales. Girar estos dineros es sacar a la calle, sin ninguna planificación, a 400 personas , afirmó, refiriéndose al posible reemplazo de los funcionarios actualmente vinculados a la administración.
La estructura administrativa de la Alcaldía de Popayán consta de 553 cargos, de los cuales 516 pertenecen a la carrera administrativa. A estos se suman más de 2.000 contratistas vinculados a través de prestación de servicios, según datos proporcionados por sindicatos locales.
El caso ha generado la intervención de otros actores institucionales. Un grupo de 24 trabajadores provisionales solicitó a las contralorías General de la República y municipal que evalúen un posible detrimento patrimonial asociado a la destinación de recursos para el concurso. Estos trabajadores argumentan que existen antecedentes de intentos previos sin ejecución, citando como ejemplo la transferencia de $136,5 millones en 2018 para un proceso similar que nunca se materializó. Este antecedente ha sido incorporado en las revisiones actuales.
Además del proceso sancionatorio, la Cnsc ha advertido que el incumplimiento de las obligaciones podría acarrear sanciones económicas de hasta 25 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a aproximadamente $43,7 millones.
Actualmente, las investigaciones de la Procuraduría y la Cnsc se encuentran en etapa de recolección de pruebas. Se han realizado solicitudes formales de información a la administración municipal para esclarecer la situación administrativa y financiera del proceso de selección. La Procuraduría busca determinar si existió una intención deliberada de bloquear el proceso o si las demoras se debieron a problemas administrativos.
La Cnsc, por su parte, está evaluando si la falta de avances en la convocatoria ha afectado los derechos de los aspirantes a ocupar los cargos de carrera administrativa. La entidad también está analizando si la alcaldía ha cumplido con sus obligaciones legales en materia de transparencia y rendición de cuentas.
El futuro del concurso de méritos y la estabilidad laboral de los funcionarios provisionales de Popayán dependen de los resultados de estas investigaciones. La comunidad local observa con atención el desarrollo del caso, esperando una solución que garantice la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de la ley en la administración pública. La demora en la realización de este concurso ha generado incertidumbre entre los trabajadores provisionales y ha afectado la capacidad de la administración municipal para atraer y retener talento humano calificado. La resolución de este conflicto es crucial para fortalecer la carrera administrativa en Popayán y mejorar la calidad de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía.
