La Comisión Verdad y Niñez enfrenta una profunda crisis institucional tras la renuncia de su presidenta, Soledad Larraín, y tres de sus comisionados: Matías Marchant, Marí Estela Ortiz y Judith Sch nsteiner. Los renunciantes acusan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de no garantizar las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del organismo, poniendo en riesgo su mandato de esclarecer y reparar vulneraciones de derechos humanos cometidas contra niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado.
La decisión fue comunicada a través de una declaración pública, donde los exintegrantes de la comisión expresan su preocupación por las recientes decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia, las cuales, según afirman, han debilitado significativamente el trabajo de la Comisión. En el documento, señalan que su salida responde a la falta de condiciones mínimas para cumplir el mandato encomendado .
Durante semanas, los comisionados renunciantes sostuvieron conversaciones con autoridades del Ministerio de Justicia, presentando propuestas técnicas y alertando sobre los riesgos que se avecinaban para el funcionamiento de la Comisión. Lo hicimos con un único criterio: proteger a las personas víctimas y garantizar el cumplimiento del mandato del Estado , enfatizan en la misiva.
Entre los factores que motivaron la renuncia, se destaca la desarticulación del equipo profesional de la Comisión, los cambios implementados en el modelo territorial de trabajo y las dificultades encontradas en el proceso de toma de testimonios a las víctimas. Los excomisionados argumentan que estos elementos hacen inviable continuar en coherencia con el mandato , cuyo objetivo principal es esclarecer las vulneraciones de derechos humanos ocurridas entre 1979 y 2024 en el sistema del Servicio Nacional de Menores (Sename) y en redes de cuidado privadas.
La Comisión Verdad y Niñez fue creada en diciembre de 2024, durante la administración del expresidente Gabriel Boric, como respuesta a la necesidad de abordar las graves vulneraciones sufridas por niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección de la infancia en Chile. Su labor se centra en investigar, documentar y visibilizar los abusos y negligencias cometidos, así como en proponer medidas de reparación integral para las víctimas.
Los renunciantes enfatizan que este trabajo no puede reducirse a una mera estructura administrativa, sino que requiere de condiciones adecuadas y recursos suficientes para garantizar un proceso serio, transparente y efectivo de búsqueda de la verdad, reconocimiento de las víctimas y acceso a la justicia. Subrayan la importancia de contar con un equipo profesional capacitado, un modelo territorial que permita llegar a todas las víctimas y un proceso de toma de testimonios que garantice la seguridad y confidencialidad de quienes se atreven a denunciar.
La advertencia sobre las condiciones necesarias para continuar con la labor de la Comisión ya había sido hecha pública por el organismo hace apenas una semana, lo que evidencia la gravedad de la situación y la falta de respuesta por parte del Ministerio de Justicia.
La renuncia de la presidenta y de una parte importante de sus miembros pone en entredicho el futuro de la Comisión Verdad y Niñez, generando incertidumbre sobre la continuidad de las investigaciones y la posibilidad de brindar una reparación efectiva a las víctimas. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por esta crisis institucional y han exigido al Gobierno una respuesta clara y contundente.
Se espera ahora una respuesta oficial del Gobierno frente a esta crisis, en la que se explique las razones detrás de las decisiones que motivaron la renuncia de los comisionados y se anuncien medidas concretas para garantizar el funcionamiento de la Comisión y el cumplimiento de su mandato. La credibilidad del Estado y su compromiso con la protección de los derechos de la infancia están en juego. La situación exige una reflexión profunda sobre el rol del Ministerio de Justicia en el apoyo y fortalecimiento de los organismos encargados de investigar y reparar las vulneraciones de derechos humanos, así como una mayor coordinación y colaboración entre las diferentes instituciones del Estado para garantizar una respuesta integral y efectiva a las necesidades de las víctimas.
