El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, solicitó y obtuvo licencia del Congreso local para separarse temporalmente de su cargo mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga las acusaciones de narcotráfico y delitos de armas presentadas por el gobierno de Estados Unidos. La solicitud, aprobada en una sesión extraordinaria este sábado, permitirá que Yeraldine Bonilla Valverde, hasta ahora secretaria de Gobierno de Sinaloa, asuma el cargo de gobernadora interina por más de 30 días.
Rocha, en un mensaje en video divulgado el viernes por la noche, rechazó categóricamente las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, calificándolas de falsas y dolosas . Explicó que su decisión de apartarse del gobierno busca facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación . Aseguró tener la conciencia tranquila y que su vida de trabajo respalda mis palabras , afirmando que puede enfrentar a su pueblo y a su familia sin temor, ya que nunca los ha traicionado. Prometió demostrar su inocencia ante las instituciones de justicia del país.
El anuncio del gobernador se produjo poco después de que la FGR informara que, tras analizar la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por Estados Unidos contra Rocha y otras nueve personas, no encontró pruebas suficientes para proceder. La FGR indicó que solicitará evidencias adicionales al gobierno estadounidense y revisará el caso en detalle.
Estados Unidos acusó formalmente a Rocha y a otros nueve individuos incluyendo funcionarios y exfuncionarios de cometer delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas, presuntamente en alianza con el Cartel de Sinaloa. Todos los involucrados han negado las acusaciones.
Rocha llegó al gobierno de Sinaloa en 2021, tras ganar las elecciones bajo la candidatura del partido Morena, el mismo partido que preside actualmente la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.
La presidenta Sheinbaum abordó el tema durante su conferencia de prensa diaria el jueves, leyendo un pronunciamiento en el que enfatizó que su gobierno no protegerá a nadie que haya cometido un delito, pero que la FGR será la encargada de determinar si existen pruebas suficientes para iniciar un proceso legal contra Rocha. Sheinbaum también sugirió que el caso podría representar una acción injerencista por parte de Estados Unidos, que, según sus palabras, ha insistido desde 2025 en que México no está actuando con la suficiente firmeza contra las organizaciones criminales.
La situación plantea interrogantes sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico. La acusación contra un gobernador en funciones, y la posterior respuesta de las autoridades mexicanas, ponen de manifiesto las tensiones existentes y la complejidad de la lucha contra el crimen organizado en la región.
La designación de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina representa un cambio en el liderazgo de Sinaloa en un momento crucial. Bonilla Valverde, con experiencia como secretaria de Gobierno, deberá asumir las responsabilidades del cargo mientras se desarrolla la investigación y se aclaran las acusaciones contra Rocha.
El caso ha generado una amplia atención mediática tanto en México como en Estados Unidos, y se espera que continúe siendo un tema de debate público en los próximos días y semanas. La FGR enfrenta ahora la tarea de analizar la evidencia presentada por Estados Unidos y determinar si existen elementos suficientes para justificar una acción legal contra el gobernador Rocha y los demás acusados.
Rocha también enfatizó su compromiso con el movimiento político de cuarta transformación liderado por Morena, asegurando que no permitirá que el caso sea utilizado para afectar a este proyecto político. Su declaración sugiere una preocupación por las posibles implicaciones políticas de las acusaciones y su deseo de proteger la imagen y el avance de su partido.
La investigación de la FGR y la respuesta del gobierno mexicano serán observadas de cerca por Estados Unidos, que ha presionado a México para que intensifique sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El resultado de este caso podría tener un impacto significativo en la relación bilateral y en la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.
